Dos diputados del PLN se sirvieron de un vacío legal que les permite intercambiar asesores y nombrar a familiares y amigos en puestos de confianza.
Al inicio de la presente administración, el legislador Ronny Monge usó una de sus plazas para contratar al esposo (Leiner Vásquez) de su compañera de bancada, Karla Prendas.
A su vez, la parlamentaria Prendas empleó a la asesora Shirley Calvo en una plaza de jefa de despacho y, desde mayo del 2014, trabaja para Monge.
De esta manera, Monge le contrató el esposo a Prendas y, a su vez, Prendas ocupó a una consejera, pero no para trabajar con ella, sino con el diputado que colocó a su marido.
Todos son amigos comunes. De hecho, Calvo fue directora de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) durante el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014).
Durante ese periodo, Prendas fue directora regional de la misma entidad de apoyo comunal, pero en Puntarenas. Al asumir su curul, Prendas llevó a su exjefa como asesora, pero no para laborar en su oficina, sino en la de su amigo, el diputado Monge, quien a su vez contrató al marido de su colega porteña.
Así lo explicó el verdiblanco Monge, quien afirmó que la contratación de Vásquez, el esposo de Prendas, no responde a un favor particular, sino que se hizo en virtud de sus atestados técnicos.
“Leiner ha sido de gran apoyo en temas de materia vial, con su experiencia que tiene como director del Consejo de Transporte Público (CTP) en Puntarenas”, manifestó Monge.
Por otra parte, afirmó que Shirley Calvo, como jefa de despacho, también le da apoyo profesional a Prendas.
Karla Prendas y Ronny Monge son congresistas del Partido Liberación Nacional (PLN), ella por la provincia de Puntarenas y él por Heredia.
¿Cómo lo hicieron? El juego de nombramientos se entiende de la siguiente manera: cada diputado tiene derecho a contratar 5,6 asesores de confianza. Como nadie puede contratar una fracción (0,6) de asesor, ese residuo se deja a disposición de la bancada.
Los legisladores tienen control absoluto sobre el destino de los otros cinco asesores de confianza, que responden a los diputados como sus jefes para todos los propósitos, aunque siempre, la factura de sus servicios la paga el Congreso.
De hecho, al ser funcionarios de confianza, la administración de la Asamblea Legislativa prácticamente no entra en discusiones sobre este tema, pues la ley actual le otorga a los políticos el control administrativo de los códigos de confianza.
En este manejo de personal todo es legal, por una sencilla razón: no hay ley que diga que es prohibido, según dijo a La Nación el director de Recursos Humanos del Congreso, Hugo Cascante.
Si bien cualquier otro proceso de contratación impediría este juego de códigos e intereses, con nombramientos sin concurso previo y basado en la amistad, los diputados se han cuidado.
A ellos no les aplican los artículos contra el tráfico de influencias ni el nepotismo contenidos en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
Los únicos que podrían enmendar la situación son los mismos legisladores. Desde el 2009, la Sala IV condenó al Congreso a emitir sanciones por violaciones a la probidad, sin que hasta ahora se haya aprobado nada.