Durante su primer año de labores, los diputados evitaron la votación de los proyectos de ley más polémicos, los capaces de polarizar a las fracciones.
La mayoría de las iniciativas que pasaron el primero y segundo debates no desataron tanta polémica y se aprobaron casi por unanimidad; tal es el caso de los préstamos internacionales para infraestructura.
No llegaron al plenario planes como las reformas de impuestos, la regulación de la fecundación in vitro y la legalización de las uniones civiles de personas del mismo sexo.
La misma suerte corrió la reforma al Reglamento Interno del Congreso, pese a las promesas de hace casi un año, cuando los legisladores aseguraban que concretarían la reforma.
Esa fue la dinámica del primer año del Congreso más dividido de las últimas décadas, con nueve fracciones, y en el que el partido del Gobierno, el PAC, solo tiene 13 de los 57 diputados.
“La mayoría de los proyectos aprobados por consenso se votaron casi por unanimidad. A los controversiales y con oposición, los diputados los llenan de mociones para frenarlos, como nosotros lo hacemos en proyectos de temas fiscales”, dijo Juan Luis Jiménez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN).
De los planes más relevantes, el que más votos recibió fue el préstamo por $395 millones con China para ampliar la ruta 32, entre Pococí y Limón. Este obtuvo 45 votos a favor y 6 en contra.
Pasaron por unanimidad otras iniciativas, como la reforma a la Ley de Expropiaciones y la que permitiría a una familia invertir un segundo bono de vivienda en un lote si ya logró uno.
En años anteriores, pasaban por el plenario proyectos con más oposición. En febrero del 2008, por ejemplo, la Ley General de Telecomunicaciones fue aprobada en primer debate con 36 votos a favor y 19 en contra.
Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana, comentó que ahora todo parece votarse por consenso debido a diputados “que acuden al reglamento para prevenir, con mociones y otros mecanismos, la llegada al plenario de temas sensibles”.
“El Reglamento legislativo vuelve muy difícil que un proyecto conflictivo avance”, sentenció Rafael Ortiz Fábrega, del PUSC y nuevo presidente legislativo.
Sin reformar el reglamento, los diputados pueden echar mano de mecanismos para frenar proyectos sensibles y capaces de dividir posturas.
Por ejemplo, el reglamento permite la posibilidad de que 10 diputados envíen un plan de ley a consulta a la Sala IV para frenarlo en la corriente legislativa.
Del mismo modo, los legisladores pueden acudir a la presentación indiscriminada de mociones contra una propuesta de ley, un recurso habitual para detener el avance de algunos proyectos.
Para el jefe del PLN, la Presidencia también tiene su cuota de responsabilidad en que no se discutan reformas polémicas: “Justo por la falta de liderazgo del Poder Ejecutivo en negociaciones oportunas, han retirado sociedades de convivencia, territorios costeros y fecundación in vitro ”.
Con él coincidió Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana: “La ley de contingencia eléctrica (que permitiría a las empresas privadas vender más energía) no la convocaron, incluso la retiraron pues no desean conflictos con sectores sociales como empleados del ICE o sindicatos. Hay un problema de visión de qué es o no trascendente. Hay temas polémicos, pero no por eso deben obviarse. El Gobierno debió aprovechar el primer año, cuando tenía mayor caudal político”.
Para Redondo, presidente del Congreso del 2003 al 2004, que un reglamento fuerce a los diputados al consenso no necesariamente es saludable. “El país requiere discutir temas polémicos. Hay proyectos que ni siquiera llegan al plenario porque son sepultados con mociones”, dijo.