Diputados dictaminan proyecto que sacaría del CTP a Unión de Gobiernos Locales

La iniciativa, impulsada por el legislador oficialista Waldo Agüero, alega que los servicios especiales de transporte han sufrido históricamente obstáculos, como problemas financieros, desactualización reglamentaria, competencia desleal, falta de regulación de plataformas tecnológicas, transporte ilegal de personas y chatarrización, entre otros.

Señala que existe una desconexión entre las decisiones tomadas en el Consejo y la realidad que enfrenta este sector. Por ello, considera oportuno darle un espacio en el Consejo para que pueda exponer directamente sus problemáticas, proponer soluciones y garantizar su participación e igualdad entre los sectores económicos que integran el órgano.

Dicho sector incluye a vehículos automotores, autobuses, microbuses y busetas destinados al transporte turístico, estudiantil y laboral. El texto señala que estos servicios tienen como objetivo satisfacer una demanda específica y forman parte de una cadena de valor que genera beneficios y se integra con otras actividades económicas del país.

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Según la Asociación de Transportistas de Turismo (Asotranstur), en octubre de 2023 había más de 12.000 permisos de servicios especiales, los cuales generaban al menos dos empleos por cada buseta o microbús: el conductor y un asistente. Además, en el caso de empresas, se creaban una serie de empleos administrativos adicionales.

Todo lo anterior resultaba en empleos indirectos que, en total, benefician aproximadamente a 30.000 familias en todo el país, asegura Asotranstur.

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Misma cantidad de integrantes

El CTP, como órgano del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), tiene a su cargo la misión de planificar, diseñar, optimizar, regular y fiscalizar los servicios de transporte público terrestre para garantizar la satisfacción de las necesidades de los usuarios.

El proyecto impulsado por el diputado Agüero mantiene la cantidad de miembros del Consejo en siete personas; lo único que cambiaría es uno de los sectores allí representados.

Los otros seis integrantes serían los mismos: el ministro del MOPT o su delegado, quien presidirá el consejo; una persona con experiencia en la materia designada por este jerarca; un representante del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae); otro de las líneas regulares; y uno más de los taxistas.

El plan fue dictaminado positivamente por dos legisladoras del Partido Liberación Nacional (PLN), dos del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y una de cada uno de los siguientes partidos: Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR), Frente Amplio (FA) y Liberal Progresista (PLP).

Daniel Vargas, legislador del PPSD), cuestionó la participación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) en la Junta Directiva del Consejo, considerando poco clara su función. Por su parte, la organización municipal expresó su rechazo al proyecto.