Un informe de la Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Públicos descartó que el expresidente del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), Mario Alfaro, cometiese un delito de tráfico de influencias luego de investigar una denuncia hecha por la ministra de Cultura, Sylvie Durán, en mayo del 2018.

No obstante, el criterio liderado por el diputado fabricista, Jonathan Prendas, recomendó inhabilitarlo para puestos públicos al achacarle “mala fe” y haber promovido que la empresa de un primo suyo fuese contratada por el Sinart.

“Pese a que no hubo como tal una constitución de delito de tráfico de influencias, sí existió mala fe de parte del señor Mario Alfaro y faltas al deber de probidad”, dice el informe respaldado por tres diputados más.

Según el informe de Prendas, Alfaro estaba interesado en que la agencia de publicidad del Sinart adquiriera servicios de factoreo y eso lo llevó a conversar con su primo, Alejandro Alfaro, para que una compañía de él fuera eventualmente contratada, “pese a que, como jerarca que era, debía saber que ese tipo de comportamientos están penados por la ley, dado que sería un favorecimiento ilegal hacia un familiar”, dice el documento entre sus conclusiones.

El factoreo es un mecanismo mediante el cual un tercero anticipa el pago de facturas por cobrar y después se encarga de cobrar el dinero facturado a los clientes. Por esa transacción, ese tercero se deja un porcentaje del monto cobrado.

En noviembre del 2016, Coopesasesorías (la empresa del primo de Alfaro) envió un correo electrónico al Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) donde incluyó al Sinart como potencial cliente para adquirir sus servicios de factoreo.

Ese correo formaba parte de una solicitud de crédito por ¢500 millones que estaba haciendo la compañía ante el Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión del Infocoop.

Luego, en mayo del 2017, Mario Alfaro gestionó una reunión en el Infocoop para solicitar un financiamiento que le permitiera a la agencia de publicidad del Sinart contratar servicios de factorero.

En la cita, el entonces jerarca del Sinart invitó al gerente de Coopeasesorías, para que contara su experiencia dando ese tipo de servicios, pero la reunión no se realizó.

Alfaro fue destituido el 29 de mayo del 2018 por el presidente Carlos Alvarado, luego de que la ministra de Cultura, Sylvie Durán, denunció al entonces jerarca del Sinart por supuesto favorecimiento a su primo.

En el informe, aprobado por el independiente Prendas, la liberacionista Franggi Nicolás, Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano, y Shirley Díaz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), se alega que Alfaro debía saber que favorecer a un familiar está penado por ley.

En contra de ese informe votaron la presidenta de Gasto Público, Yorleny León, y Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Pese a que los legisladores no encontraron suficientes pruebas para acusar penalmente a Alfaro o solicitarle a la Contraloría General de la República que lo inhabilite para cargos públicos, sí plantean enviar el documento tanto al Ministerio Público como a la CGR y a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).

Los congresistas suscriben que “es posible presumir” que Alfaro sabía que el Infocoop no había aprobado el crédito para su primo y que “tuvo intención de intervenir en el proceso”.

“Queda claro que, pese a que no hubo como tal una constitución de delito de tráfico de influencias, sí existió mala fe de parte del señor Mario Alfaro y faltas al deber de probidad”, dice el documento.

El informe también alega que Mario Alfaro tenía un plan “abiertamente corrupto” y que no es una persona “óptima ni proba para ocupar cargos públicos en un futuro”.

Por otra parte, los legisladores reconocen que no es posible inhabilitar a Alfaro “al no haber cometido delito”, pero aseguran que “la intención siempre estuvo presente”; aducen que así lo reconoció el Gobierno al destituirlo.

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Los diputados también exponen como conclusión su sospecha de que “el Gobierno sabía de antemano” las supuestas intenciones de Alfaro, pero creen que “trató de ocultarlo” durante la campaña electoral del 2018, supuestamente para que ese “escándalo” no afectara la postulación de Carlos Alvarado.

Precisamente, Prendas y compañía alegaron que hubo denuncias enviadas a la Comisión sobre Gasto Público de la “presunta intromisión de altas autoridades del Gobierno”, tanto de la pasada como la presente administración, en el Sinart.

La recomendación que hicieron los diputados fue enviar el informe a la Procuraduría de la Ética Pública, al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Fiscalía General de la República; en este último caso, afirman que sería un “insumo para la investigación en curso”.

Carranza: ‘Es un show político'

La aprobación en Gasto Público del informe molestó al diputado Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), porque adujo que nunca existió ese informe de Prendas hasta este jueves.

El sancarleño explicó que había otro informe donde también se descarta el delito y pide archivar la investigación, originalmente apoyado por Shirley Díaz, Otto Roberto Vargas, Franggi Nicolás y él.

“Pero Prendas llegó con un informe nuevo y le pidió a Vargas y a Shirley Díaz que retiraran sus firmas del otro informe, que era prácticamente unánime”, relató.

Carranza añadió que, luego de eso que califica como jugada, solo se mantuvieron en el otro informe su firma y la de Nicolás.

“Es un show político y un deseo de manchar nombres, se citan algunos otros en informe. Así lo hice ver, porque hay que tener humildad y honradez para reconocer si en una investigación no se encuentran elementos”, indicó.

Esos otros nombres son los de la ministra Durán, el exministro de Comunicación Mauricio Herrera; el extitular de Presidencia, Sergio Alfaro, y la exjerarca de Educación, Sonia Marta Mora, señalados por Mario Alfaro como supuestos interesados en cobrarle desacuerdos que tuvieron con él en el pasado.

La socialcristiana Shirley Díaz reconoció que ella apoyaba el informe original, pero luego dijo que le parecía “más rico” el de Prendas.

Añadió que, si bien la esperaron a ella para votar ese informe, igual Carranza habría perdido la votación y apuntó que se apresuró porque considera que todas las anomalías del PAC deben investigarse.