Diputados de gobierno se oponen a plan que prohibiría a jueces asumir cargos en Ejecutivo

La fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) manifestó este miércoles su oposición al proyecto de ley que prohibiría a los jueces asumir cualquier tipo de cargo en el Poder Ejecutivo.

El expediente 23.150, del liberacionista Geison Valverde, entró en el sétimo lugar de la agenda de proyectos pactada para este miércoles por los seis jefes de fracción; todo marchaba según lo pactado hasta que se acercó el momento de discutir esta iniciativa.

Primero, el jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, solicitó un receso de hasta 10 minutos y, luego, el PPSD pidió otro receso que se extendió hasta que terminó la sesión. Eso frenó el avance del proyecto.

La jefa oficialista, Pilar Cisneros, confirmó que su fracción está totalmente en contra. “¿Por qué si un juez tiene amplia experiencia y trayectoria, y puede seguir aportándole al país, por qué no hacerlo?”, alegó la diputada.

Apuntó que estaría totalmente en contra de que el proyecto afecte a personas que actualmente ocupan cargos en el gabinete de Rodrigo Chaves; no obstante, la aplicabilidad de la ley no podría ser retroactiva para nombramientos vigentes de previo a una eventual entrada en vigencia de la norma.

La oficialista puso de ejemplo a Fernando Ramírez, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), pues se trata de un juez que actualmente ocupa un cargo en el Ejecutivo.

Cisneros reconoció que ella habló con Geison Valverde para frenar el avance del proyecto; alegó que él reaccionó muy molesto y le reclamó que se bloqueara su iniciativa.

“Tenemos una visión diferente a la de los partidos tradicionales. Nosotros escogemos lo mejor de lo mejor y nos importa un pito cuál es el color de la bandera. En el Ejecutivo, hay gente que ha sido de Liberación, de aquí y de allá, pero Geison Valverde estaba muy enojado porque dice que nosotros pateamos la bola para que no se vote. No, nosotros de fijo lo vamos a votar en contra”, puntualizó Cisneros.

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), pese a la posición oficialista, seguirá impulsando la aprobación de la iniciativa legal.

El jefe verdiblanco, Óscar Izquierdo, declaró que la fracción de gobierno cree que el proyecto obligaría al Ejecutivo a prescindir de algunos funcionarios.

“En realidad, el proyecto lo que pretende, como toda ley que no es retroactiva, que de aquí en adelante las personas con carrera judicial entiendan que no pueden estar pasando de ahí a la parte política. Es un proyecto sano, que pretende fortalecer esa carrera judicial, sin mezclarla con la parte política”, dijo Izquierdo.

Geison Valverde dijo que Pilar Cisneros “sembró” sobre una supuesta protección a un funcionario del Ejecutivo.

“Lo que trata de evitar este proyecto, cuando sea ley, es que haya puertas giratorias y se pueda fortalecer la división de poderes”, declaró Valverde a La Nación.

Alejandro Pacheco, del PUSC, dijo que su fracción va a analizar nuevamente la propuesta porque “si una persona es buena, por qué vamos a limitar que pase a ocupar una cartera en el Ejecutivo”.

“Yo no he hablado con don Fernando Ramírez (director del ICD), pero creo que el proyecto no lo afecta personalmente. Hay otros diputados que han externado la duda de que podría quedar a interpretación y, eventualmente, la Corte les exija devolverse”, indicó.

La jefa a. í. del Partido Liberal Progresista (PLP), Johana Obando, comentó que, si bien ellos comparten el espíritu del proyecto, tienen dudas sobre la constitucionalidad de la propuesta.

“Consideramos que el espíritu es correcto, pero nos preocupa que no se sostenga en la Sala Constitucional. Estamos de acuerdo en revisarlo un poco más”, acotó.