La Comisión de Gobierno y Administración excluyó, este jueves, las vacaciones profilácticas del tope máximo de días de vacaciones que se les permitirá tener a los empleados estatales, una vez aprobada la reforma al empleo público.

Se trata de un cambio realizado en el artículo 38 de la Ley Marco de Empleo Público, al aprobarse una moción firmada por Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Rodolfo Peña, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Luis Fernando Chacón, de Liberación Nacional (PLN); los independientes Zoila Volio y Dragos Dolanescu; y José María Villalta, del Frente Amplio (FA).

Actualmente, el Estatuto de Servicio Civil establece que los funcionarios bajo ese régimen tendrán 15 días de vacaciones en el primer lustro de labores; 20 para el segundo quinquenio y, después de los 10 años de ser empleado público, un mes.

En muchos casos, esos días de vacaciones se aumentan debido a negociaciones entre los patronos y los empleados.

No obstante, la reforma al empleo público que se tramita en la Comisión de Gobierno indica que todas las instituciones otorgarán un límite de 20 días de vacaciones por año para los funcionarios estatales.

La moción aprobada este jueves introduce una par de líneas para hacer una excepción con los periodos de vacaciones profilácticas que reciben ciertos funcionarios públicos, en razón de las funciones que desempeñan dentro del Estado.

Las vacaciones profilácticas se otorgan, por ejemplo, a policías o a trabajadores de centros de atención a la salud mental.

Los miembros de la Fuerza Pública reciben ocho días de vacaciones profilácticas al año. Los integrantes de la Policía Penitenciaria también disponen de este tipo de días libres.

Uno de los firmantes, el frenteamplista Villalta, adujo que se trata de mantener el beneficio a empleados cuyas labores implican un gran riesgo, como los oficiales de los distintos cuerpos de policía, o un gran estrés, así como exposición a situaciones socialmente duras o peligrosas.

“No son puramente vacaciones comunes, sino que son recomendación médica, de salud y se aplica en los cuerpos policiales, el sistema penitenciario, trabajadores de la salud o los que se exponen a sustancias peligrosas”, indicó.

Por otra parte, en dos horas de trámite de mociones de fondo al proyecto de empleo público, los legisladores hicieron otros ajustes al texto del expediente 21.336.

En el artículo donde se establece que el Servicio Civil definirá el salario de los jerarcas de las instituciones afectadas por el proyecto, junto con la Autoridad Presupuestaria, se hizo también una modificación.

Específicamente, se cambió el inciso f, donde se incluía a todas las jerarquías universitarias entre los altos mandos públicos cuyo salario sería definido por la DGSC y la Autoridad Presupuestaria.

La Comisión de Gobierno aprobó una moción para que, en lugar de jerarquías, diga rectores y rectoras, y así equipararlo a los otros incisos, que específicamente se refieren a los más altos cargos de las instituciones públicas y no todas sus jerarquías.

Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), indicó que el ajuste era necesario para establecer que la norma no aplica para vicerrectores, decanos, directores de escuelas, jefes de departamentos y jefes de unidad de las universidades, sino a sus máximos jerarcas.

El resto del artículo se refiere, precisamente, a que esa fijación con criterio técnico aplicará para el sueldo de la Presidencia de la República, las dos vicepresidencias, ministros y ministras, magistrados, presidencias ejecutivas y alcaldías, así como viceministros, gerencias, subgerencias, procurador general, contralora general y defensora de los Habitantes, por ejemplo.

Aunque el frenteamplista también intentó que en esa regulación entre la remuneración de los congresistas, la Comisión de Gobierno desechó esa posibilidad.

Contrataciones temporales

Finalmente, los miembros de Gobierno aprobaron una moción para permitirles a las instituciones realizar contrataciones de empleados públicos temporales por razones de conveniencia nacional, por inopia o por emergencia.

Se trata de un ajuste en el párrafo donde se establece que no procede la contratación de servidores públicos para atender actividades ordinarias de las entidades públicas.

Ya se había fijado la excepción de las contrataciones en el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Comisión Nacional de Emergencias.

La propuesta llegó de la mano del liberacionista David Gourzong.

Luego de seis días del trámite del segundo y último paquete de mociones de fondo, los diputados de la Comisión de Gobierno ya debatieron 376 de las 474 propuestas presentadas. La discusión sobre ese tema continuará la próxima semana, con sesiones programas para lunes y martes por la mañana.