Defensoría rechaza plan del Gobierno para eliminar pago en efectivo por servicios públicos

Entre los principales puntos de desacuerdo está la potencial exclusión que este proyecto podría ocasionar entre los habitantes de las zonas rurales, así como posibles impactos financieros, según indicaron la defensora a.i., Tatiana Mora Rodríguez, y Geovanny Barboza, director de Estudios Económicos y Desarrollo de la institución.

En estas áreas, la baja escolaridad y la escasa educación financiera, sumadas a la limitada conectividad a Internet y la falta de bancarización, podrían dejar a numerosos ciudadanos al margen de los beneficios de los medios de pago electrónicos, según Mora y Barboza.

La defensora a.i. respalda esta postura argumentando que actualmente en Costa Rica, el 68% de la población está bancarizada, lo que significa que el 32% restante no forma parte de este sistema, siendo estos potenciales excluidos.

Además, ella critica la falta de datos específicos en el proyecto, subrayando que la información proporcionada sobre sistemas de pago electrónico, como Sinpe Móvil, es demasiado general y no refleja la realidad de las zonas rurales.

Mora Rodríguez también destaca la ausencia de planes concretos en cuanto a ciberseguridad para la gestión de datos, así como la carencia de un plan piloto que incluya información previa, planificación y asignación presupuestaria.

En este sentido, señala la exitosa implementación de pagos electrónicos en el servicio de transporte público, que contó con un enfoque planificado y detallado, en contraste con la falta de previsión en el actual proyecto de ley.

Lo que plantea el proyecto

La iniciativa propone modificar el artículo 46 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, que se refiere al poder liberatorio ilimitado de las monedas y billetes en el territorio nacional.

La nueva redacción obligaría a las instituciones estatales y a los proveedores de servicios públicos de prescindir del uso de billetes y monedas en sus transacciones, optando exclusivamente por medios de cobro y pago electrónicos.

Se establecen excepciones para situaciones debidamente justificadas, como casos en los que se pueda demostrar una imposibilidad material por parte del ciudadano, así como situaciones de caso fortuito, fuerza mayor o emergencia nacional, que requieran la utilización de dinero en efectivo para realizar transacciones.

El documento incorpora un artículo transitorio que establece un periodo de cinco años para la gradual eliminación del uso de billetes y monedas en las transacciones. Durante este lapso, se impone a las instituciones y proveedores de servicios públicos la obligación de desarrollar un cronograma detallado, que incluya actividades, plazos, recursos asignados y responsables de la ejecución de las labores pertinentes.

Además, se exige a dichas entidades informar regularmente al Banco Central sobre los avances logrados en las fechas previamente establecidas.

En el 2022, cita el texto, los cuatro mecanismos de pagos electrónicos manejaron ¢272,4 billones, 6,2 veces el PIB y 182,2 veces el saldo de billetes y monedas. Estos métodos incluyen transferencias electrónicas, Internet banking, pagos móviles con Sinpe Móvil y transacciones con tarjetas en la plataforma del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe).

Efectos económicos

Sin embargo, Barboza señala que el plan carece de un estudio de costo-beneficio y no aclara si el Banco Central dejará de imprimir monedas y billetes, lo que plantea dudas legales.

Advierte sobre la posibilidad de crear una economía dual al eliminar el efectivo del sector público pero no del privado, y destaca la incertidumbre sobre la presión que la supresión de monedas y billetes podría ejercer sobre el sector financiero y la economía en general.

Por último, plantea la pregunta: “¿Qué sucede si el sistema financiero sufre un ciberataque que haga necesario realizar transacciones con monedas y billetes?”.