La Defensoría de los Habitantes rompió el convenio de cooperación que desarrollaba con la organización Hivos, el cual procuraba luchar contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) entre las trabajadoras sexuales, mujeres trans y poblaciones LGTBI.

Se trata de un acuerdo que data del año 2016 en el marco del proyecto “Costa Rica: transitando hacia la sostenibilidad de la respuesta al VIH con financiamiento doméstico”.

Para romper el convenio, Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, argumentó reducción del presupuesto. Así lo expuso en una carta enviada a Hivos, en la cual dijo que los recortes presupuestarios aprobados por la Asamblea Legislativa le impedían seguir colaborando.

“Frente a la precariedad de la situación presupuestaria de la Defensoría de los Habitantes, se torna materialmente imposible para la institución continuar con el Convenio Marco con Hivos”, escribió Crespo.

No obstante, el convenio no requería presupuesto extra de la Defensoría, pues los fondos destinados para los proyectos son aportados por Hivos, organización que recibió una donación del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA.

Este donante ha aprobado a la organización dos subvenciones para el país. La primera, por ejemplo, recibió un presupuesto de $4,8 millones y fue ejecutada entre el 1.° de julio de 2015 y el 30 de junio de 2018.

Laura Sánchez, directora de Hivos, explicó que, para este proyecto, la Defensoría contaba con un fondo de $143.800 (¢88 millones), los cuales eran administrados por la organización conforme a los requerimientos de la Defensoría.

Dentro de las acciones que ambas organizaciones ejecutaban en conjunto, estaban capacitaciones sobre los derechos de las personas con VIH y personas LGTBI, las cuales eran impartidas tanto a funcionarios públicos como a la sociedad civil.

“Tampoco la Defensoría participará en las fases subsiguientes del proyecto que se contemplan desarrollar hasta el año 2024″, agregó Catalina Crespo.

Crespo también argumentó: “La participación de la institución en el convenio Hivos encuadra dentro de las que típicamente se definen como funciones de la Administración Activa, dicho en otras palabras, una participación que podría significar que la institución funja como juez y parte”.

El acuerdo también contaba con la participación de otras instituciones estatales como el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Ministerio de Justica, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas).

Se intentó conocer ampliar la versión de la Defensora de los Habitantes; sin embargo, esta no dio respuesta al cierre de la edición.

Organizaciones lamentan ruptura

Laura Sánchez, directora Hivos Costa Rica, expresó que la participación de la Defensoría en este proyecto es muy importante, pues el objetivo es fortalecer la respuesta nacional al VIH, especialmente en las poblaciones que son más afectadas.

“En nuestro país la epidemia del VIH está concentrada en dos poblaciones, que son los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres trans, y está concentrada en estas poblaciones por una suma de factores, uno de los cuales son las repetidas violaciones de derechos humanos que han vivido”, dijo Sánchez.

Según comentó, a estas personas se las ha impedido tener acceso a servicios de salud o métodos de prevención, por lo que es importante un abordaje del tema basado en los derechos humanos, que es donde toma relevancia la Defensoría.

“En la medida en la que nuestro país pueda ser un entorno más respetuoso y no discriminatorio con estas poblaciones, vamos a ir logrando reducir la prevalencia del VIH, y la defensoría ha sido un socio muy estratégico, tanto en su rol de defensa, como en el de promoción de derechos humanos”, aseveró.

El convenio que disolvió la Defensora de los Habitantes también permitía llevar ayuda a grupos representativos de la sociedad civil.

La Asociación Demográfica Costarricense (ADC), organización sin fines de lucro que lucha por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, lamentó la decisión tomada por la jerarca de la Defensoría y consideró que se trata de “una alerta”

“Es inadmisible que una instancia como la Defensoría retire su apoyo a proyectos como este, donde se ven implicadas poblaciones que históricamente han sido vulnerabilizadas”, manifestó la ADC.

Según la organización, antes de retirar el apoyo, se pudo conversar o idear estrategias para seguir apoyando a estas poblaciones.

La ADC agregó que la falta de presupuesto no debe ser una excusa para quitar del todo el apoyo de una instancia que está hecha justamente para defender a las poblaciones que más lo requieren.

“El no contar con el apoyo de la Defensoría no implica repercusiones solo para un proyecto, esto se traduce en una negación e invisibilización de las poblaciones implicadas y la temática del VIH en general, que trasciende a un proyecto y que se podría reflejar en un acto de discriminación y falta de interés por velar por los derechos y bienestar de las personas con VIH de todo el país”, dijo la Asociación.