¿Cuáles serán los temas ambientales prioritarios para los diputados durante este año legislativo?

Aprobar nuevas leyes en materia de aguas, combustibles, impuesto a los plásticos y la transformación de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Esas serán las prioridades de la Comisión de Ambiente del Congreso para el año legislativo que inició este 1.° de mayo.

Así lo confirmó la nueva presidenta de ese foro, la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega.

La rojiamarilla, quien fue una voz crítica del soialcristiano Erwen Masís, expresidente de esa comisión, aseguró que esta vez, en lugar de obstruir, la presidencia impulsará los proyectos que considera prioritarios.

Vega es entusiasta y confía en que la capacidad de negociación y de diálogo que caracteriza a los actuales diputados surtirá efecto para aprobar complejas iniciativas, como la Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, pues el país opera con una normativa de aguas que tiene 77 años de vigencia, desde 1942.

Asimismo, asegura que, desde el foro que ahora lidera y del cual forma parte por segundo año consecutivo, los diputados respaldarán el objetivo del país de convertirse en una nación con cero emisiones de carbono para el 2050.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, La Nación conversó con la la legisladora sobre las prioridades y retos que tendrá la comisión que ella encabeza.

–¿Cuáles serán los proyectos prioritarios de la Comisión de Ambiente en este año legislativo, sobre todo tomando en cuenta que el Ejecutivo desconvocó, en sesiones extraordinarias, las dos iniciativas sobre plásticos, que son piedras angulares de este foro?

–Ya estamos en período de (sesiones) ordinarias, entonces ya no dependemos tanto de la convocatoria del Ejecutivo. (El primer período de ordinarias empezó el 1.° de mayo y se extenderá hasta el 31 de julio).

"Sin embargo, les he pedido a todos los despachos que me manden sus prioridades, para ver si podemos hacer una agenda de consenso que facilite la ruta.

"En primera línea, quisiera impulsar una nueva ley de aguas, porque la ley actual es de 1942 y han existido miles de esfuerzos fracasados aquí en la Asamblea Legislativa, entonces tengo como meta salir con una nueva normativa.

"Tenemos también la ley de combustibles, que lo que hace es prohibir la explotación y la exploración de petróleo. Eso ya está en plenario, entonces estaría por aprobarse prontamente.

"Otra prioridad será la transformación de Recope, para generar combustibles limpios. Ese proyecto tendrá una alta prioridad.

"Y, por supuesto, la contaminación por plásticos y reformas a la ley de residuos.

“Esos cuatro temas, todos a la misma altura, son prioridad”.

-Algunos diputados consideran que el proyecto de modernización de Recope es un “intento desesperado" del Gobierno por salvar la entidad. ¿Usted qué opina?

–Primero vamos a abrir el diálogo para que todo el mundo exponga sus puntos de vista. Por supuesto que es un documento que tiene que someterse a valoración de todas las fracciones.

"Lo que voy a solicitar es que le quitemos el sesgo ideológico, porque mucha de la negativa es por el hecho de ser Recope.

"Queremos desaparecer Recope y transformarlo en un instituto líder de energía sostenible, que tendría otra lógica y que vendría a resarcir la responsabilidad histórica que le achacan a Recope de ser una institución que no hace el trabajo que debería hacer.

“Vamos a hacer un esfuerzo por quitarle el sesgo ideológico y verlo en términos ambientales, de competitividad y de precio de combustibles, que es una arista que no se ha visto, el hecho de poder producir combustibles limpios a un precio más accesible para el consumidor”.

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–¿Vislumbra un buen ambiente para ese proyecto?

–Hay que construirlo y hay que darle confianza a las fracciones de que no va a ser un proyecto para salvar una entidad caduca, sino para impulsar en Costa Rica una nueva era de transición energética y que, sin ese proyecto, no salimos adelante con la meta de reducción de emisiones.

“Después del tema de la optimización del transporte público, este es el segundo proyecto más importante en materia de descarbonización”.

–Aparte de acabar con ese sesgo ideológico, ¿qué otra modificación considera que requiere esa iniciativa para que los diputados puedan digerirla mejor?

–Me imagino que la discusión va a girar sobre cuál va a ser el rol de la empresa privada. Mucha gente va a querer que tenga un rol mucho más importante, con lo que nosotros no tendríamos ningún problema.

"Esperemos que la empresa privada sea un socio importante.

“También me imagino que habrá que aclarar dudas sobre qué pasará con el personal, cómo va a traducirse esto en temas de empleo y sobre el tipo de energías que estamos considerando. Habrá (diputados) quienes quieran incluir unos tipos de energías o eliminar algunas que están en la propuesta”.

–Una consulta constitucional se trajo abajo la aprobación de la Asamblea, en el 2017, del proyecto de ley de aguas. ¿Qué rescata del texto anterior el documento que se encuentra actualmente en la corriente legislativa (expediente 20.212)?

–"Quisiéramos proponerle a la ciudadanía y a las fracciones partir del último acuerdo político negociado en la legislatura pasada.

"Ese proyecto de ley está vigente y fue muy grande porque reunió, en consenso, al sector productivo, al ambiental (los proponentes) y a las fuerzas políticas.

"Todos tuvieron que ceder, pero se rescataron elementos medulares como la modernización del sector hídrico. En Costa Rica hay desperdigadas un montón de instituciones sobre el tema, y este proyecto las unifica.

"Hablamos también de la capacidad del Estado de responder al asunto del agua frente al cambio climático. Aquí se hace una priorización del uso y del manejo del recurso hídrico.

"También contempla la participación ciudadana, no como se explicaba en la ley original, pero sí sobre la necesidad de que las comunidades estén involucradas en la gestión (...) Es importante para planificar el agua hoy, en época de sequía, cuando se están dando conflictos entre comunidades.

“Pero lo más importante es que establece sanciones para quienes contaminen cuerpos de agua. Como el proyecto se hizo en 1942, la multa mayor son ¢150. Esta ley renueva las sanciones”.

–¿Ve factible la aprobación de este proyecto a pesar de que tiene más de 2 años de ir y venir en el Congreso?

–Los 57 diputados firmamos un proyecto para declarar el agua un derecho humano. Ese es un importante punto de partida, porque es una reforma constitucional.

"Es una iniciativa de bastantes consensos y la idea sería esa: avanzar con un sector hídrico más moderno para utilizarlo adecuadamente.

"Creo que la discusión ha avanzado bastante después de dos décadas. Ya puede ser la hora de aprobarlo finalmente.

“Yo creo mucho en la capacidad de diálogo de esta nueva Asamblea Legislativa. Hemos asumido retos que históricamente habían estado estancados y este no debería hacer la diferencia”.

–Dijo que confía en una pronta aprobación para el proyecto de Ley para avanzar en la eliminación del uso de combustibles fósiles en Costa Rica y declarar el territorio nacional libre de exploración y explotación de petróleo y gas (expediente 20.641). ¿Por qué?

–Ya pasó a plenario. Volvería a comisión solo si se le presentan mociones 137 (para modificar un proyecto de ley en cuanto al fondo). Tiene un dictamen de mayoría. El único partido que no quiso aprobarlo fue la Unidad Social Cristiana, porque ellos creen en la explotación petrolera.

“Pero si las fuerzas se mantienen –por lo menos en estos días no ha cambiado nada– estaríamos aprobándolo muy pronto”.

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–¿Qué pasará con los dos proyectos de plástico, el que presentó usted y el del diputado Erwen Masís?

–El proyecto de don Erwen (para prohibir la comercialización de bolsas y pajillas de plástico) va orientado a hacer unos ajustes cosméticos, pero no cambia de manera integral la realidad actual.

"El otro (el de ella) contempla una serie de herramientas combinadas, entre incentivos, impuestos y reactivación económica.

"La fuerza de este último está en la creación de un fondo azul donde estaríamos financiando proyectos de recuperación, recolección y transformación de plástico. Esto generaría empleos y capacidades económicas a comunidades necesitadas, o a poblaciones de mujeres en las costas, por ejemplo.

"El proyecto que está apoyando ahora el grupo mayoritario (de diputados) es este segundo.

“Políticamente, habría que discutir es si se pueden juntar los dos de alguna manera o si aprobamos los dos con algunos ajustes, pero esa discusión apenas la vamos a comenzar”.

–¿Cómo pretenden lidiar con los industriales del plástico, quienes alegan que gravar estos materiales implicaría graves consecuencias para ellos; entre estas, pérdida de empleos?

–Aquí hay dos puntos importantes. Primero hay que entender que, como lo están experimentando todos los países del mundo, cuando hablamos de economía verde, inevitablemente, algunos empleos se van a perder, pero la idea es que van a generarse nuevos nichos de mercado para atender las demandas.

"El sector del plástico tiene todo el apoyo, dentro del proyecto de ley, para hacer esa transición de la mano del fondo azul, que también es para transformación de la industria.

“Lo segundo, para seguridad de los diputados, yo estoy pidiéndole al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que me ayude con un estudio para que tengan certeza de que no se van a perder tantos empleos. Podríamos no perder un solo empleo si logramos que la industria se adapte ordenadamente”.

–El proyecto de ley que usted impulsa no contempla el impacto directo que tendría para el consumidor que se graven plásticos de uso cotidiano, como cepillos de dientes, por ejemplo.

–El golpe tampoco va a ser tan alto, y la idea sería compatibilizar dos elementos: en el momento en que se aplica el impuesto al plástico, se exoneran y se incentivan productos alternativos. Así el consumidor va a tener dos opciones, una más cara y contaminante, y otra más barata y no contaminante.

"Hay estudios, en países donde se han aplicado impuestos de este tipo, que confirman que el cambio de conducta del consumidor es bastante alto y que la reducción en el consumo se da casi que de manera inmediata.

“Lo más importante es que no hace incurrir en costos al Estado. Además, obliga a la industria a adaptarse”.

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–Usted fue una de las principales críticas de la gestión de Erwen Masís mientras él presidió la Comisión que hoy usted lidera. ¿Qué es lo que no debe seguir ocurriendo en el seno de ese foro?

–La Comisión de Ambiente el año pasado sesionó escasas 15 veces, cuando el promedio de otras comisiones extraordinarias era de 65 sesiones (al año).

"Hubo muy pocas sesiones con temas importantísimos en un contexto de crisis climática mundial y no tuvimos los resultados esperados.

"Los únicos dos dictámenes que tuvimos fue porque los empujamos desde la oposición y sin el apoyo de la presidencia; fue un tema de mayoría. Fueron el proyecto de ley de combustibles y el del Frente Amplio para prohibir el poliestireno expandido, que también está en el plenario.

“Hay una ruta crítica en materia ambiental, tanto con los proyectos de ley que están presentados como con ideas nuevas que, como comisión, tenemos que hacer. Debemos trabajar iniciativas para una economía verde, tenemos que trabajar una ley marco de cambio climático para los tiempos que vienen y esa tarea esperamos sacarla este año”.

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