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El embajador de Nicaragua ante la CIJ, Carlos Argüello, afirmó que la política del Gobierno de Laura Chinchilla se ha centrado en el conflicto fronterizo con Nicaragua. (Archivo)
San José
La presidenta, Laura Chinchilla, y el canciller, Enrique Castillo, anunciaron que este martes Costa Rica concretará una nueva demanda contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, Holanda.
El reclamo que se interpondrá a las 8:30 a.m. hora tica se fundamenta en la intención del vecino país de concesionar bloques de mar tico para la explotación de petróleo.
Tanto Chinchilla como Castillo afirmaron que la gestión se formalizará con la esperanza de que sea la CIJ la que establezca “por fin” los límites marítimos entre ambos países.
Arnoldo Brenes, abogado de la Cancillería, detalló que el área de mar territorial que Nicaragua pretende dar en concesión podría llegar a los 15.000 metros cuadrados en el Caribe y a los 20.000 metros cuadrados en el Pacífico.
El canciller agregó que Costa Rica decidió dar el paso y demandar a Nicaragua ante la CIJ después de que ese órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), resolviera un litigio entre Nicaragua y Colombia por los mismos motivos.
Los hechos denunciados se remontan a julio del año pasado, cuando Enrique Castillo informó al país de que, desde el 2012, Nicaragua había ofrecido la concesión de 18 bloques en el Pacífico y 55 en el Caribe a empresas interesadas en la exploración petrolera.
Desde el principio, el Canciller sostuvo que Costa Rica aplicaría los instrumentos legales “que fueran necesarios” para defender su mar territorial.
La presidenta Laura Chinchilla recalcó que en el pasado ningún otro Gobierno se había preocupado por fijar los límites marítimos con el vecino del norte.
Este nuevo caso se suma a la demanda que el gobierno de Chinchilla presentó en el 2010 contra Nicaragua por la invasión a isla Calero, en Pococí, Limón, valiéndose del dragado del río San Juan.
En respuesta a esa acusación, Nicaragua contrademandó al país por la construcción de la ruta 1856, conocida como la trocha, alegando que la apertura de esa vía contaminó el río fronterizo.
Ambos casos están pendientes de resolución, no obstante, la Corte ha emitido medidas cautelares a favor de Costa Rica en el primer asunto y rechazado peticiones de medidas a Nicaragua por la construcción de la vía terrestre en suelo nacional.
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