Bancos aseguran que Ley de Usura incrementó préstamos gota a gota

La legislación aprobada en 2020 fijó un límite a las tasas de interés de las instituciones financieras con el objetivo de regular la usura. Además, determinó que el monto máximo de los microcréditos es de ¢693.000, con excepción de las tarjetas de crédito.

Mario Gómez, asesor legal de la ABC, citó un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ante los legisladores, señalando que, en ese año, un total de 136.000 personas quedaron excluidas del sistema financiero nacional.

Con los nuevos techos de tasas, los bancos optaron por no prestar a personas cuyo riesgo crediticio amerita tasas más altas de los límites impuestos.

Aunque no se tiene un registro preciso de por cuánto tiempo ha existido el fenómeno “gota a gota” en Costa Rica, se ha constatado que aumentó y se volvió más prevalente a partir de ese año, según el asesor legal.

Gómez compartió su visión en la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico, donde se discute un proyecto de ley para sancionar estos préstamos informales otorgados por particulares, con excesivas tasas de interés, lo que ha generado no solo más problemas financieros, sino de seguridad, pues algunos acreedores recurren incluso a los homicidios en contra de los deudores.

El asesor bancario enfatizó que la solución a este problema radica en abordar sus causas fundamentales. En este contexto, dijo, el proyecto de ley es correcto al centrarse en el aspecto criminal de los préstamos informales, imponiendo sanciones que incluyen penas de cárcel y multas para quienes los otorgan, aprovechando la vulnerabilidad de las personas.

Además, se establecen sanciones similares para los cobradores que utilizan tácticas de intimidación, amenazas graves, privación de la libertad o causan lesiones.

Gómez destacó que los préstamos “gota a gota” suelen darse en situaciones de emergencia o cuando una persona queda excluida de los requisitos convencionales de crédito. Por lo tanto, los bancos ven necesario ampliar las opciones de tasas y condiciones para garantizar que estas personas reciban la ayuda que necesitan.

Reforma legal para facilitar microcréditos

El asesor bancario sugirió avanzar en un proyecto de ley sobre educación financiera y, como tercer elemento, planteó la reducción de la exclusión financiera y la mejora del acceso a créditos a través de una reforma a la ley de usura.

Con respecto a esto último, Gómez propuso una reforma legal para aumentar el tope de ¢693.000 para los microcréditos hasta los ¢1,2 millones.

También, sugirió la creación de un mecanismo electrónico para que las personas necesitadas que requieren de un microcrédito puedan acceder a él de forma rápida, considerando que las tarjetas de crédito no son bien vistas y quedaron fuera de las regulaciones de microcréditos.

Cynthia Zapata, directora de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), enfatizó en la necesidad de avanzar en legislaciones relacionadas con la educación financiera y la protección al consumidor financiero.

Sin embargo, hizo un llamado para que esta discusión no se entremezcle con el plan específico destinado a abordar el crimen organizado vinculado a los préstamos informales.

Separar los gota a gota de la usura

Zapata argumenta que el proyecto debería ser replanteado para que no aborde el tema de la usura, ya que el verdadero problema radica en el crédito extorsivo, donde las personas arriesgan su bienestar emocional, seguridad e incluso su vida al recurrir a créditos de fuentes ilegales por necesidad.

Ella añade que combinar las sanciones de estos préstamos con temas relacionados con la educación financiera y tasas de usura podría introducir factores adicionales que dificulten el enfoque efectivo del problema.

Zapata también destaca que los préstamos informales “gota a gota” se otorgan principalmente a mujeres en condiciones de pobreza. Argumenta que el desempleo provocado por la pandemia ha impactado de manera desproporcionada a las mujeres.

“Estas son personas que a lo largo de su vida han estado excluidas de cualquier sistema de bancarización. Probablemente, no han completado su educación, carecen de viviendas y, en algunos casos, se han visto obligadas a involucrarse en actividades delictivas debido a sus circunstancias. No estamos hablando de personas que tenían tarjetas de crédito y las perdieron”, explicó.

Asimismo, Zapata sugiere que se aumente la pena en el tipo penal establecido cuando se afecta a mujeres.

En respuesta a esto, Mario Gómez citó un estudio de la Sugef que indica que el 48% de los excluidos financieramente a raíz de la ley de usura son mujeres.