Aprobado proyecto que obliga a Gobierno a trasladar dinero a cuerpos de seguridad

Se trata de una reforma a los artículos 10, 11 y 13 de la ley 9428, Ley de impuesto a las personas jurídicas, que también establece un incremento en el porcentaje que reciben el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Dirección General de Adaptación Social, entidad que administra las cárceles del país.

Actualmente, el OIJ corresponde recibe un monto equivalente al 5% de los fondos que genera el gravamen. El mismo porcentaje va para Adaptación Social. No obstante, la reforma aprobada estipula que la Policía Judicial ahora recibirá un 15% del dinero percibido y Adaptación, un 10%.

Mientras tanto, la partida asignada al Ministerio de Seguridad Pública se reducirá del 90% a un 75% de la recaudación, precisamente para aumentar los fondos para los otros dos destinatarios.

Otra de las novedades de la reforma es que las entidades beneficiadas con los fondos deberán presentar un reporte de gastos e inversiones a la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico del Congreso.

Hoy, solo deben brindarle reporte a la comisión legislativa para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos.

Giro obligatorio por 2 años

Los legisladores Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), y Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), señalaron que la reforma es necesaria porque el Ministerio de Hacienda ha incumplido con el traslado de los recursos para la seguridad.

Acuña recordó que la creación del impuesto a las personas jurídicas para financiar los cuerpos de seguridad obedeció, precisamente, a la oleada de criminalidad que existía en aquella época.

“Lamentablemente, hoy, con la regla fiscal, se crearon un conjunto de normas que le permiten al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, brincarse esos destinos específicos (...). Lo han incumplido sistemáticamente, durante años”, aseveró el frenteamplista.

En ese sentido, el legislador explicó que la reforma incluye un artículo transitorio para que, durante dos años, Hacienda no pueda evadir la entrega de los recursos para los cuerpos de seguridad.

Dicho transitorio dice literalmente que, durante ese periodo, los recursos que se recauden por el impuesto a las personas jurídicas no serán aplicables los artículos 15, 23 y 25 de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El artículo 15 permite a Hacienda incumplir con el traslado de destinos específicos establecidos por ley, cuando la deuda del Gobierno Central supere el 50% del producto interno bruto (PIB).

Mientras, el artículo 23 de la regla fiscal establece criterios para la asignación presupuestaria que anteponen las prioridades del Gobierno, los compromisos de la programación plurianual, el fin social de las instituciones, el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, la ejecución presupuestaria, los recursos acumulados, y la disponibilidad de recursos, entre otros criterios.

El artículo 25 permite a Hacienda incumplir un destino específico, si no está expresamente dispuesto por la Constitución Política y deja en manos de ese ministerio el monto por asignar.

Acuña sostuvo que el proyecto no sería necesario si el gobierno de Rodrigo Chaves supiera priorizar, frente a las emergencias y crisis que vive el país. No obstante, señaló que se aprobó porque esta administración, que “vuela tijera a la inversión social y de seguridad”.

Por su parte, la socialcristiana Vanessa Castro manifestó que durante la actual gestión se ha observado un “desequilibrio tremendo entre lo económico y lo social”.

“Nada hacemos con empujar el tema económico de manera desmedida, si no entendemos que, en igualdad de condiciones y en el mismo momento, debemos empujar el tema social”, apuntó Castro.