El ingeniero civil y diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Diego Vargas Rodríguez, quien preside la Comisión de Infraestructura, cuestionó el accionar del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, en la ejecución de proyectos viales.
Para el congresista, los reclamos por incumplimientos y tropiezos en la obra que hicieron los vecinos de la Asociación Pro Carretera a San Carlos, el lunes 23 de octubre, solo demuestran, una vez más, que Amador tiene dificultades para la gestión de proyectos, así como problemas de comunicación que afectan seriamente el desarrollo de las labores.
Vargas, quien representa a la provincia de Alajuela , calificó de hostil la posición del Gobierno con los vecinos de San Carlos, pues en su criterio, lo que piden es que la Administración haga su tarea y rinda cuentas.
“En la Comisión solicitamos que vinieran la Asociación, el ministro y la constructora porque lo que queríamos era decirle al ministro: ‘vea, ministro, tiene varios proyectos en la mano’. Si hubiese venido, la tónica hubiese sido darle forma a soluciones entre la Asociación y el ministro, porque la Asociación dice que se rompió la comunicación hace varios meses (...). El ministro no llega a la comisión y el mensaje que manda es ‘sí, tiene razón la Asociación Pro carretera’, de que no le interesa conversar ni responder, ni darle seguimiento al proceso”, consideró Vargas.
A juicio del legislador, la falta de comunicación entre el jerarca y las partes interesadas en el proyecto, termina afectando las obras y encareciéndolas, como ocurrió con la ruta 700 (Alto Sucre-La Abundancia), donde por la falta de supervisión el trabajo estuvo paralizado varios meses y el Estado deberá pagar a la empresa ese periodo de suspensión.
“Entonces, si pasaron dos meses en los que el ministro muestra una posición de hostilidad con la Asociación Pro Carretera de San Carlos, que son los interesados 24/7... Si no tuviera esa posición de hostilidad y fuera más vehemente y más cuidadoso... pero es que le cuesta la gestión de la comunicación -porque él no comunica- tendría la información de primera mano y podría reaccionar más rápido. Pero él mismo se pierde del mapa y a los que están diariamente preocupados, los deja botados (...) Yo siempre he dicho que el ministro tiene problemas de comunicación y de gestión de contratos”, insistió.
Vargas también responsabilizó a Amador por el debilitamiento de la unidad ejecutora del proyecto en San Carlos, la cual, según dijo, está conformada por una sola persona.
“Si yo soy el ministro, tengo que tener claro qué necesito para gestionar un contrato. Claro, y si la Unidad Técnica es la que empuja el proyecto, la que hace que el proyecto avance, una persona sola no lo va a lograr nunca”, sostuvo.
‘Todos los proyectos los desarman’
El legislador afirmó que esa problemática es notoria en otros proyectos que enfrentan dificultades en su ejecución, como la ampliación del tramo Barranca-Limonal, donde el intento de cesión no pudo completarse y más bien la empresa presentó una solicitud de finiquito acompañada de un reclamo millonario, mientras las obras permanecen paralizadas.
Situación similar ocurre con la decisión del Gobierno de poner fin al contrato de Fideicomiso para la Ruta 1 (San José-San Ramón) sin una estructuración clara del proceso a seguir y con las obras impostergables u obis paralizadas.
“No hay portafolio de proyectos, el portafolio que manejan tiene más de 12 años de haberse gestionado, son todos estos proyectos de ley. Para mí la premisa que tiene el Gobierno es ‘hagamos ver al pueblo que todo estaba mal, que en todo había un chorizo y nosotros vamos a salvar el mundo’. Entonces, todos los proyectos los desarman y luego empiezan a dizque armarlos, pero no empiezan ni siquiera dónde quedó, se les enreda todo”, afirmó.
Intervención de la Contraloría
Tras la ausencia de Amador a la comparecencia del lunes anterior, el diputado del PLP adelantó que buscará la intervención de la Contraloría General de la República para que investigue, tanto la gestión del ministro como los procesos en los proyectos de infraestructura que arrastran dificultades.
Según explicó, la legislación da esa potestad a los diputados por lo que una vez que se realice dicha petición sería mandatorio para el órgano contralor entablar el sumario.
“Yo he insistido en dos temas: comunicación y gestión de contratos (...). Nosotros lo que pretendemos es a nivel de las contrataciones, a nivel de los procesos, a nivel de la formalidad, queremos entender cómo lo está manejando (no solo San Carlos, sino el resto) y la Contraloría tiene un mandato constitucional en caso de que nosotros se lo demos, de investigar y ver las actuaciones penales, civiles administrativas”, señaló.
La intención es que ese órgano determine si las actuaciones y decisiones del jerarca están apegadas a la eficiencia y eficacia.
Amador está citado nuevamente a comparecer ante la Comisión de Infraestructura el lunes 30 de octubre.
La Nación consultó el martes anterior, a través de la oficina de Comunicación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y de la asesora del despacho del ministro, las razones por las que él no acudió a la audiencia del lunes. También preguntó la posición con respecto a los cuestionamientos y atrasos en el proyecto, pero no se obtuvo respuesta.
El miércoles, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, llamó “malagradecidos” a los representantes de la Asociación Pro Carretera pues sostuvo que “nadie les ha dado tanta pelota”.
Además, el mandatario se atribuyó el haber conseguido el financiamiento para esa obra, no obstante, dicho crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo se encuentra aprobado desde el gobierno anterior.
Por su parte, el ministro Amador manifestó que prevé el inicio de obras de la carretera a San Carlos para octubre del 2024.