Si alguna institución pública pensaba hacer números alegres con el presupuesto para 1997, dado que los límites al gasto establecidos en el proyecto sobre garantías económicas regirán a partir de 1999, no logrará salirse con la suya.
El mandatario José María Figueres giró ayer una directriz a la Autoridad Presupuestaria para que el programa de ingresos y egresos del próximo año se rija por las mismas reglas contenidas en dicha reforma a la Constitución Política.
Dicho de otra manera, el déficit del sector público no financiero y del Banco Central de Costa Rica no podrá exceder -en 1997- el 1 por ciento en comparación con el producto interno bruto (PIB).
Figueres explicó ayer que esta medida se debe a que él no estuvo ni está de acuerdo con que garantías económicas -aprobadas en primer debate por la Asamblea Legislativa el martes anterior- opere hasta 1999.
"Mi preferencia es que entrara en vigencia en 1997. Sin embargo, algunos diputados consideraron que por el tiempo que llevará la preparación y trámite de los presupuestos de algunas instituciones autónomas, que con esta enmienda deberán hacerse de una manera distinta, no habría tiempo de preparar los presupuestos de algunas entidades para 1997", manifestó.
Al respecto, Miguel Angel Rodríguez, aspirante presidencial del PUSC y gestor, junto al exdiputado liberacionista Federico Vargas de las garantías económicas, encontró posibilidades de que la iniciativa rija para 1997.
Rodríguez explicó que la idea de correr la fecha de vigencia surgió ante el temor de que esta iniciativa no pudiera ser aprobada -en segundo debate- durante abril y recibir otros tres debates a partir del 1°ree; de mayo.
También consideró "muy complicado" aplicar los controles al gasto en 1998 debido al cambio de Gobierno.
No obstante, dijo estar seguro de que los diputados estarían anuentes a realizar un cambio. En ese sentido, instó a la Sala Constitucional a pronunciarse "pronto" sobre el contenido de la reforma constitucional.
Dicho alto tribunal tendrá hasta un mes para estudiar la iniciativa y luego la devolverá a la Asamblea Legislativa.
"Es una solicitud pública que le hago (a la Sala IV). El proyecto podría volver después de Semana Santa al Congreso y entonces habría tiempo de retrotraer a primer debate y que rija a partir del 97", aseveró Rodríguez.
Reglas claras
Según la directriz de Figueres, la Autoridad Presupuestaria tendrá que definir los lineamientos presupuestarios para el 97; propuesta que debe presentar al Consejo de Gobierno a más tardar el próximo 10 de abril.
Posteriormente, la administración Figueres se encargará de comunicarle tales lineamientos a las entidades públicas en aras de que estas pautas sean tomadas en cuenta a la hora de elaborar los programas de entradas y salidas.
Consultado sobre este asunto, el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, dijo que la meta de un déficit del 1 por ciento en relación con el PIB no representa ningún problema ya que se logrará recortando aún más los gastos no prioritarios y aumentando la eficiencia en el gasto.
Entre tanto, en el Congreso, los dos jefes de las bancadas mayoritarias avalaron la directriz anunciada por Figueres pero defendieron el acuerdo legislativo de que las garantías económicas rijan a partir de 1999.
Bernal Aragón, jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se manifestó "alegre" de que el Gobierno decidiera aplicar los contenidos de esta reforma constitucional antes de que estos entren en vigencia
"Nos convertiremos en vigilantes de que se cumpla porque el mayor beneficiado, si efectivamente se da esta restricción del gasto público y se controla el endeudamiento interno, va a ser el pueblo de Costa Rica", indicó.
Su contraparte del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Gerardo Villanueva, aseguró que la directriz presidencial confirma la voluntad de este Gobierno de limitar los gastos en forma inmediata.
Villanueva recordó que, de todas formas, como parte de los convenios con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el Poder Ejecutivo ya se había comprometido a reducir el déficit fiscal al 0,5 por ciento del PIB.
Colaboró con esta información Wílliam Méndez, redactor de La Nación
Toma y daca
El oficialismo y la oposición tuvieron que concertar y ceder en algunos puntos para darle el impulso final al proyecto de garantías económicas:
PLN:
Aceptó eliminar el párrafo que excluía a los gastos no operativos (salario) en salud y educación de la obligación de que los egresos corrientes del presupuesto se financiaran con ingresos corrientes. En su lugar se incluyó un párrafo que señala que las inversiones públicas destinadas a educación y salud serán prioritarias. Aceptó que el proyecto especificara que el Banco Central tiene independencia técnica e incluir a esta entidad dentro del tope del déficit fiscal del 1 por ciento del PIB. n Accedió a que la reforma constitucional entre a regir hasta 1999.
PUSC:
Aceptó que no se fijaran en el proyecto límites al endeudamiento interno del sector público. Estos se estipularán en el proyecto de presupuestos públicos. Aceptó excluir del texto un párrafo que señalaba que la nueva autoridad reguladora de servicios públicos no estará sujeta a las directrices del Gobierno. Esta norma quedará especificada en el proyecto de ley de tranformación del SNE. En meses pasados, accedió a excluir al INS, al ICE y a las empresas del Estado como Recope del control político de los gastos de las entidades autónomas.