EscucharLa novela de suspenso llegó a su fin... Tras una kilométrica sesión de seis horas y veintiún minutos, el Congreso aprobó anoche, en primer debate, el proyecto de garantías económicas.
Dicha reforma a ocho artículos de la Constitución Política -cuyo trámite inició en noviembre de 1991- recibió, a las 10:21 p.m., el visto bueno de 43 diputados contra tres votos negativos.
Este proyecto propone, entre otros, fijar un tope anual al déficit consolidado del sector público no financiero y del Banco Central del 1 por ciento del roducto interno bruto. (Véase recuadro). Se trata de la segunda vez que este plan recibe la "bendición" legislativa en un plazo de ocho meses.
La primera se produjo el 28 de julio de 1995, pero poco después debió volver al plenario legislativo en vista de que el 1 de setiembre de ese mismo año la Sala IV declaró inconstitucional su tramite.
Anoche, los únicos legisladores que permanecieron sentados durante la votación fueron Ottón Solís, del PLN, Gerardo Trejos, de Fuerza Democrática, y el independiente, Rodrigo Gutiérrez.
La iniciativa será enviada, por un máximo de un mes, a estudio de la Sala Constitucional. Si no hay objeciones mayores, los diputados podrán darle segundo debate a su regreso a la Asamblea Legislativa. Después tendrá que sufrir otros tres debates en la siguiente legislatura, la cual inicia el próximo 1 de mayo.
Mientras tanto, ayer, se anunció que la elección de los nuevos Contralor y Subcontralor general de la República -convocada para el lunes pasado- se realizará después de la Semana Santa.
Así lo confirmaron, por separado, Luis Gerardo Villanueva, jefe de fracción del PLN, y su homólogo del PUSC, Bernal Aragón, quienes admitieron que persisten las discrepancias sobre el tema del Contralor.
Tampoco ha sido posible llegar a un acuerdo sobre la designación de la persona que sustituirá a Jorge Castro -quien se pensiona- como magistrado de la Sala IV.
Antonio Alvarez, presidente de la Asamblea Legislativa, informó anoche que la escogencia fue aplazada por tiempo indefinido para darle espacio a la búsqueda del consenso.
Tropiezos
La aprobación de las garantías económicas quedó allanada ayer luego de que se acogiera en el plenario un texto sustitutivo negociado por el oficialismo y la oposición, el pasado fin de semana.
Semanas antes esta iniciativa había sido condenada al archivo por falta de acuerdo.
Tanto Bernal Aragón, como Luis Gerardo Villanueva, negaron ayer, por separado, que durante las últimas negociaciones se trataran otros temas "bajo la mesa" para lograr el consenso.
Aragón sí reconoció que el PUSC accedió a no fijar límites constitucionales al endeudamiento interno y no poner en la Carta Magna una referencia a la nueva autoridad reguladora de servicios públicos.
Aún así, no faltaron los traspiés de último momento.
Los liberacionistas Edelberto Castilblanco y Ottón Solís; el socialcristiano Hernán Fournier y el independiente Rodrigo Gutiérrez presentaron nueve mociones que obligaron a extender la sesión.
Castilblanco y Solís cuestionaron, entre otros, que el proyecto no permite excluir los gastos en salud y educación de la norma que obliga a financiar gastos corrientes con ingresos corrientes.
El segundo incluso calificó de "charlatanería" el hecho de que las reformas entrarán a regir hasta 1999 y no de inmediato. Opinó que esto significa que no hay deseo de que se aplique la disciplina fiscal.
¿Y que contiene ahora?
La versión de garantías económicas, que se aprobó anoche en el plenario de la Asamblea Legislativa, contiene los siguientes aspectos:
Atribuciones de la Asamblea Legislativa
Dictar los presupuestos del Gobierno Central y las instituciones, excepto las entidades de educación superior y los bancos estatales. Se excluyen los institutos Costarricense de Electricidad y Nacional de Seguros, que serán vistos por la Contraloría General de la República. Aprobar o improbar los empréstitos y contratos que afecten el crédito del sector público no financiero o votar por dos terceras partes toda contratación en el exterior de empréstitos que se financien con capital extranjero o emisión de documentos en moneda extranjera.
Presupuesto de la República
El presupuesto comprende todos los ingresos y gastos probables y autorizados. Debe incluir las erogaciones para el servicio de la deuda pública, remuneraciones y pensiones. En ningún caso, el monto de los gastos presupuestados podrá exceder el de los ingresos probables. Los gastos corrientes solo podrán financiarse con ingresos corrientes. El déficit consolidado del sector público no financiero y del Banco Central no podrá exceder el uno por ciento del producto interno bruto (PIB).
Gastos
Los presupuestos de las instituciones del Estado serán remitidos al Ministerio de Hacienda para su consolidación y luego a la Asamblea Legislativa. Tales documentos no podrán ser alterados excepto para cumplir con los límites planteados al gasto. Con los ingresos provenientes del crédito público o las donaciones, no podrán financiarse gastos corrientes. n La Asamblea Legislativa no podrá aumentar los gastos presupuestados por el Poder Ejecutivo, si no señala los nuevos ingresos tributarios. Cuando la Asamblea Legislativa se encuentre en receso, el Poder Ejecutivo podrá variar el destino de las partidas o abrir créditos en caso de atención a necesidades urgentes o imprevistas como guerra, conmoción interna o calamidad pública. El proyecto entrará en vigencia en 1999.
