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San José.
El Gobierno se abstendría de intervenir en discusiones ligadas al actual modelo tarifario de autobuses, pese al interés del presidente Luis Guillermo Solís por las quejas de los transportistas.
La aclaración la hizo el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas, al responder a consultas de este medio sobre la posición de Casa Presidencial frente al tema.
La duda surgió cuando Solís afirmó en una entrevista con Canal 13, que tenía informaciones según las cuales la nueva metodología para fijar pasajes de bus "está mala" y no se ajustaba a la realidad. Ese era un debate, sostuvo, el cual "había que aclarar".
Alfaro, sin embargo, respondió a la La Nación que el tema compete exclusivamente a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y así se lo hizo saber a los empresarios de transporte a quienes atendió.
"En la reunión les especifiqué que la competencia total de la regulación de las tarifas le corresponde enteramente a la Aresep y que, aunque recibimos y escuchamos las preocupaciones de los distintos sectores económicos y sociales del país, desde el Ejecutivo no vamos a involucrarnos en esta discusión", expresó Alfaro.
El ministro reconoció que luego del encuentro le comentó al presidente Solís lo expresado por los transportistas.
En el despacho del jerarca fueron recibidos representantes y agremiados de la Cámara Nacional de Buses (Canabús), la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) y a miembros de cámaras de autobuseros de Limón, Heredia y San José. Alfaro evitó precisar la fecha de la cita.
Los empresarios acudieron para plantear preocupaciones por la fórmula aprobada en febrero de 2016 y que se puso en aplicación en agosto. Desde entonces, ha resultado en bajas para varias tarifas.
Para los autobuseros, la metodología tiene "errores" y, según dicen, poseen estudios para demostrarlo.
La entrevista
El 5 de mayo, en el programa RTN Revista, de Canal 13, el presidente Solís manifestó sus dudas al consultársele si el Gobierno no debería apoyar más a Aresep en el tema de la fijación tarifaria de autobuses.
"Si la fórmula que están usando es buena, sí. Lo que a mí me han dicho es que la fórmula está mala y que hay una serie de estudios que prueban que la forma como Aresep quiere cobrar esas tarifas no se ajusta a la realidad y que esa no es una valoración política, es una valoración técnica y ese debate que está ahí planteado, me parece que hay que aclararlo", manifestó.
Agregó que el método podría ser un "despropósito" si no existe un mecanismo confiable para definir tarifas, el cual considere la calidad de la flota de autobuses y las obligaciones de las empresas para garantizar un servicio público de buena calidad.
Ante esas manifestaciones, La Nación, desde el 6 de mayo, solicitó a Casa Presidencial detalles sobre los estudios y las manifestaciones citadas por el mandatario.
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Molestia con método
El cambio más significativo de la actual fórmula de cálculo es que utiliza datos de demanda o cantidad de usuarios provenientes del Consejo de Transporte Público (CTP) o estudios de la propia Aresep, y no información que suministraban los propios buseros.
Los transportistas, además, alegan que la metodología deja por fuera costos de operación. La Aresep ha refutado tales quejas.
El método requirió estudios y negociaciones por seis años entre cámaras empresariales, la Defensoría de los Habitantes, el CTP y representantes de consumidores.
A pesar de ese tiempo de discusión, los empresarios objetaron la audiencia pública para dar a conocer la fórmula. La Sala Constitucional declaró sin lugar tres acciones y finalmente la diligencia se realizó en diciembre de 2015.
Después de su aprobación por la Junta Directiva de la Aresep, el regulador recién nombrado, Roberto Jiménez, también creó un grupo que integraban los buseros para escuchar los argumentos, aunque finalmente, decidió implementarla.
También hubo gestiones desde la Asamblea Legislativa, primero por parte del diputado Gerardo Vargas Varela, del Frente Amplio, y, posteriormente, de 21 legisladores encabezados por Luis Vásquez, de la Unidad Social Cristiana, quienes pidieron al ente regulador y a las autoridades de transportes revisar la fórmula.
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