Los empleados públicos probablemente recibirán un incremento salarial del cinco por ciento a partir del 1 de enero, según una resolución adoptada por el Consejo Económico, a finales del año pasado, y firmada por el ministro de Trabajo, Farid Ayales Esna.
Juan Vicente Durán Víquez, asesor de ese despacho, indicó que esa propuesta se discutirá con los representantes de las agrupaciones sindicales más representativas. Una vez que exista acuerdo, se publicará en el diario oficial La Gaceta.
Durán destacó que la oferta del cinco por ciento se hizo con base en la disponibilidad económica del Gobierno, el déficit fiscal, los problemas inflacionarios y el impacto que ese aumento salarial generaría en la economía del país.
Aunque Durán Víquez afirmó que la discusión de la propuesta salarial empezará en cualquier momento con la dirigencia sindical, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, expresó su temor de que el Gobierno simplemente imponga ese porcentaje.
Expresó que tienen informes de que se trata de una resolución en firme, cuyo decreto se publicaría en los próximos días. Esta versión no pudo ser corroborada con funcionarios del Ministerio de Trabajo.
Más sacrificio
Para Vargas, esa oferta es "una canallada" y significa la cuota de sacrificio que el Gobierno quiere imponer a todos los empleados públicos. La calificó de desproporcionada y deshumanizada, puesto que no cubre la pérdida adquisitiva de los salarios.
Vargas precisó que tales servidores han venido arrastrando una pérdida del 15 por ciento desde la administración Calderón Fournier, la cual se incrementó durante el gobierno de Figueres Olsen.
A juicio del dirigente sindical, cualquier incremento en el sector público tendría que hacerse sobre la base de un documento suscrito en julio del 1994, denominado "Política salarial 94-98", el cual contiene una serie de puntos relacionados con la recuperación de los salarios, reconocimiento por inflación y recalificación, entre otros puntos.
Tras reconocer el debilitamiento que afronta el movimiento sindical, Vargas dijo que analizarán qué medidas de presión adoptarán en caso de que el Gobierno no actúe de acuerdo con lo convenido.