Si antes del 20 de mayo ninguna cooperativa ayuda con los ¢3.800 millones que requiere Coopeaserrí para salvarse, comenzará el proceso de disolución de esta.
Así lo informó el interventor Johnny Salazar, quien recordó que la medida fue acordada con los delegados el 21 de marzo y se presentó ante Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
“A hoy (jueves pasado), ninguna cooperativa se ha manifestado. Ahora, tengo un plazo hasta el 20 de abril para presentar un informe en donde les señalo la posible disolución de la cooperativa en caso de que no se reúna el dinero”, dijo Salazar.
Si Coopeaserrí se disuelve, los afectados tendrían que solicitar a un juzgado de trabajo que se nombre una junta liquidadora, la cual vendería los bienes de la entidad y repartiría el dinero entre los asociados.
Se estima que la institución posee bienes por ¢1.000 millones, pero adeuda ¢4.500 millones a los acreedores, entre los que figuran los asociados.
Malos manejos. Además, el interventor informó de que solicitó al Ministerio Público investigar un movimiento de ¢749 millones que se hizo en enero hacia cuentas de personas sin relación con la cooperativa. Dicho traslado redujo el patrimonio de Coopeaserrí en un 100% y dejó un déficit de ¢78 millones.
“ Esos dineros sirvieron para que una persona, a quien ya tenemos identificada, se enriqueciera ilícitamente”, añadió”.
Según Salazar, uno de los sospechosos es el gerente de Coopeaserrí, de apellido Morales.