EscucharCuando el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) aceptó lanzarse al agua e incursionar en las fiestas colegiales, se encontró como inmerso en una piscina de alcohol, con los ojos cubiertos y las manos atadas.
Decenas de operativos y grandes esfuerzos de inteligencia han bastado para quitarse la venda del desconocimiento y sacudirse las amarras, pero para Carlos Alvarado, director del ICD, hace falta un sólido apoyo legal para trabajar realmente bien.
Este caso es hoy un mar profundo, más complejo y con amenazas que pasan inadvertidas ante ojos inexpertos.
Por ello, en noviembre, el ICD intentará presentar una propuesta para endurecer las penas destinadas a quienes faciliten las fiestas intercolegiales donde se consuma alcohol, y para quienes interfieran en el camino de las autoridades.
El plan se hará de conocimiento público el 15 de noviembre, cuando también se divulgará el protocolo interinstitucional para intervenir en las actividades en las cuales abunda el alcohol y se ofrecen drogas.
De aprobarse el proyecto en el Congreso, introduciría cambios a la nueva ley de licores, aprobada en el 2012, incluyendo una sanción de cárcel para aquellos padres que les faciliten el licor a sus hijos menores de edad.
“Entre los cambios que promueve este proyecto de ley, hay una figura agravada para los padres de familia o encargados que ponen el licor. Esta figura incluiría la posibilidad de cuatro años de prisión”, explicó Carlos Alvarado.
Según detalló, si la pena es de tres años o menos, el acusado puede recibir ejecución condicional de la pena e irse la casa con una advertencia. Pero si la pena es de cuatro años y la persona es condenada al máximo, deberá cumplir con el tiempo de prisión.
Otro objetivo que se persigue es establecer de manera explícita que la venta y el suministro de alcohol a menores constituye un delito, pues hasta ahora hay poca claridad en cuanto a la naturaleza de esta falta.
También se considera la opción de crear una sanción pecuniaria “ejemplarizante” (de millones de colones) para los dueños de quintas o propiedades que permitan encuentros donde colegiales ingieran alcohol.
“La ley solo habla de establecimientos, y estos casos no se califican como tales. Hay un limbo muy complicado porque son lugares que se alquilan y se usan para comerciar, pero quedan protegidos bajo un velo de propiedad privada”, argumentó Alvarado.
Otros tropiezos. Paralelamente a la propuesta de reforma, el ICD aseguró estar en conversaciones con el Poder Judicial para definir si existe algún mecanismo que facilite el acceso a los espacios privados en los cuales se realizan los encuentros intercolegiales.
Actualmente, la ley únicamente permite el ingreso con una orden de allanamiento.
Sin embargo, según Alvarado, puede ser difícil constatar que se está infringiendo la ley en fiestas que realizan a 400 metros de la entrada de una propiedad.
“En ninguna circunstancia vamos a violar el ordenamiento jurídico, pero, si lográramos que la jurisdicción de Niñez y Adolescencia nos autorice una medida cautelar atípica, podríamos ingresar en la finca a ver qué pasa”, añadió Carlos Alvarado.
Desde el jueves, se consultó al Poder Judicial sobre la factibilidad de una medida de este tipo o si, de lo contrario, implicaría otro cambio legal. Al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
El fiscal adjunto de la Fiscalía Penal Juvenil, Omar Jiménez, aseguró que obtener órdenes de allanamiento es más complicado con los jueces de fuera de San José.
Asimismo, consideró prudente retomar la discusión sobre la incursión policial y las sanciones.
“Estoy de acuerdo en que hay que poner en discusión la posibilidad de sancionar a los responsables indirectos, y en analizar el tema de los agravantes porque sabemos que, rara vez, un menor genera las actividades por sí mismo”, manifestó Jiménez.
“Podría haber normas que faciliten la incursión y el trabajo preventivo del ICD y la Policía, pero le tocará a la Asamblea Legislativa definir cuáles son estas normas”, añadió el fiscal.
Otras opciones. Aunque las autoridades consideran necesario analizar las carencias legales, la experiencia ha permitido afinar el uso de las reglas vigentes.
Según Alvarado, una lección aprendida es que desmantelar las fiestas no basta. Por ello, hoy el ICD tiene previsto plantear su primera denuncia ante la Fiscalía contra “sujeto ignorado” por una fiesta efectuada el 19 de octubre en San Antonio , Desamparados.
“Vamos a someter la finca al escrutinio de instancias municipales, de Salud y Tributación para sentar precedentes sobre cómo actuaremos. No quedará títere con cabeza”, dijo Alvarado.
Se pretende fortalecer el seguimiento que hace el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el que ha participado en más de una docena de operativos con el ICD.
Geovanny González, funcionario del Departamento de Atención Integral (DAI) del Patronato, explicó que a los padres se les hace un apercibimiento verbal para recordarles su obligación de proteger al menor de situaciones de riesgo.
De incurrir nuevamente en la falta, los padres se verían expuestos a la apertura de un expediente y hasta se podría proceder con una denuncia penal por incumplimiento de los deberes parentales.
