Acceso a educación especial se dificulta en zonas rurales

Dos veces a la semana, Crisselder Temple viaja 100 kilómetros, ida y vuelta, desde Upala, en Alajuela, hasta Liberia, en Guanacaste, para que su hijo Roberto, quien tiene parálisis cerebral, vaya al único Centro de Enseñanza Especial (CEE) en esa región del país.

Temple no es la única mamá que realiza semejante travesía. Yesenia Montoya viaja cinco horas, tres veces por semana, desde Sixaola hasta Guápiles, en Limón, para asegurarle a su pequeño de 3 años los servicios de estimulación que se dan en esos centros. Su hijo tiene síndrome de Down.

El que haya mamás como Crisselder y Yesenia haciendo tan largos viajes todas las semanas se debe a la falta de este tipo de instituciones en la zona rural del país.

Desde los años noventa, se frenó la apertura de estas escuelas pues la tendencia de la educación es incorporar en el aula regular a niños y jóvenes con discapacidad.

En total, hay 25 Centros de Enseñanza Especial en el país, casi todos ubicados en el Valle Central. Fuera solo hay en Liberia, San Carlos, Guápiles, Pérez Zeledón, Puntarenas y Turrialba.

Estas instituciones atienden una población que ronda los 4.302 estudiantes.

El CEE más grande es el Carlos Luis Valle, de Cartago, con 484 alumnos, y el más pequeño es el de Niños Sordos, con 21 estudiantes, también en esa provincia.

Según el último Censo Nacional (2011), Costa Rica tiene 449.918 personas con alguna discapacidad. Esto representa el 10,4% de la población nacional. La gran mayoría (56%), sufre discapacidad visual.

Dura travesía. Gilda Aguilar, de la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP, explicó que los niños y adolescentes con alguna discapacidad que se integran a las aulas regulares tienen ayudas especiales, con docentes de apoyo fijo o itinerante.

“Hay casos que no ameritan ir a un centro especial. Un sordo por ejemplo, no necesita ir a un centro de estos”, agregó Aguilar.

Pero lo cierto del caso es que el acceso a estos servicios se complica en las zonas rurales.

“Es complicado. Pido un día libre por semana, otro día lo lleva mi esposo. Así ha sido por cinco años, los gastos los enfrentamos nosotros”, contó Crisselder Temple.

“Antes nos llevaba una ambulancia pero ahora vamos en carro. A veces, llevamos a otras madres, corriendo el riesgo de que nos pare un tráfico. En Upala hay muchos casos como el nuestro”, agregó.

Esta familia no recibe ayuda del Ministerio de Educación Pública (MEP) ni del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE). Este último es el ente rector responsable de velar porque se cumpla la Política Nacional de Discapacidad (Ponadis).

Esta política fue firmada por la presidenta Laura Chinchilla firmó en el 2011 para el decenio 2011-2021. busca garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

“Existen subsidios que permiten a las personas con discapacidad asistir a los centros educativos, como las becas de Fonabe (Fondo Nacional de Becas).

”Además, el Consejo de Rehabilitación da a las personas de núcleos familiares en pobreza subsidios que cubren necesidades derivadas de su discapacidad”, explicó Christian Bolaños, del CNREE.

Las cinco horas que tardan Yesenia Montoya y su hijo de 3 años para trasladarse hasta Guápiles lo hacen sin mayores ayudas económicas. Ella se las ingenia con una pensión que recibió tras el fallecimiento de su esposo y vendiendo productos por catálogo.

En Guápiles debe pagar el hospedaje para los tres días que recibe atención su hijo. “Cuesta mucho. En Sixaola, uno ve muchos casos de niños especiales, se podría hacer una escuela acá, o bien que le ayuden a uno con los gastos”, dice.