4 octubre, 2014
Industrias Infinito se instaló en Cutris de San Carlos, con la intención de extraer 800.000 onzas de oro en 10 años. | CARLOS HERNÁNDEZ/ARCHIVO
Industrias Infinito se instaló en Cutris de San Carlos, con la intención de extraer 800.000 onzas de oro en 10 años. | CARLOS HERNÁNDEZ/ARCHIVO

Seis fincas, que son propiedad de la minera de capital canadiense Industrias Infinito, fueron ejecutadas para cobrar los costos de juicios que la compañía perdió en el país.

Las órdenes fueron giradas por los juzgados Primero Civil y Tercero Civil, ambos de San José, tras acoger los reclamos por ¢118 millones que presentaron los profesores universitarios Nicolás Boeglin y Jorge Arturo Lobo.

Los docentes exigen ese monto por concepto de costas de los juicios que enfrentaron y ganaron.

La minera acusó a Boeglin y Lobo del delito de difamación por criterios que ellos emitieron en torno al proyecto de la mina Crucitas, que Infinito desarrollaba en Cutris de San Carlos.

La concesión para la mina fue anulada por una sentencia del Tribunal Contencioso, en noviembre de 2010 y confirmada por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia.

Este viernes, el Juzgado Primero Civil notificó sobre los embargos en favor de Lobo, mientras que el Juzgado Tercero Civil había autorizado los de Boeglin, en abril pasado. Cada uno es por ¢59 millones.

Jorge Valverde, abogado de los profesores, dijo que se vieron en la obligación de acudir a la vía civil para ejecutar las sentencias de los Tribunales, ante la negativa de la firma canadiense de pagar lo adeudado a los ganadores de los juicios.

“Ellos no pagan porque no quieren, no quieren honrar la deuda. Existe una sentencia en firme de un Tribunal Penal que debe ejecutarse. Ellos están obligados”, expresó Valverde.

La Nación intentó obtener la reacción de la empresa Infinito, pero en sus oficinas informaron de que la vocera, Yokebec Soto, se encuentra fuera del país.

Un documental. La sentencia en favor de Jorge Arturo Lobo quedó en firme en marzo del año pasado.

Al biólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR), la minera le atribuía el delito de difamación, a raíz de sus declaraciones en el documental El oro de los tontos .

Esa también fue la causa de la demanda contra Boeglin, profesor de Derecho de la misma casa de enseñanza. Él fue absuelto en marzo del 2013 y el fallo quedó en firme ocho meses después.

Infinito querelló por delitos contra el honor también al actual diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, quien era abogado de Unión Norte por la Vida (Unovida).

Igualmente, demandó a los excongresistas del Partido Acción Ciudadana (PAC), Manrique Oviedo y Claudio Monge.