Legisladores proponen utilizar fondos de Judesur para expropiaciones

Por: Alberto Barrantes C. 2 febrero, 2015
La viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga (al centro, de anteojos) ha sido la encargada de mediar en el conflicto. | RAFAEL MURILLO
La viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga (al centro, de anteojos) ha sido la encargada de mediar en el conflicto. | RAFAEL MURILLO

Las acciones de la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, para recuperar tierras indígenas en Salitre de Puntarenas, provocaron críticas entre los diputados de la provincia, quienes calificaron de “parcializada” la posición del Gobierno.

Para los legisladores, desde el 2014, el Ejecutivo solo marca divisiones entre la población, sin respetar el proceso legal para expropiar a quienes ocupan esas tierras de forma irregular.

“El Gobierno quiere recuperar las tierras sin seguir el debido proceso y apoya a un grupo. No estoy en contra de los indígenas; todo debe hacerse apegados a la ley”, dijo el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas.

Vargas propone utilizar el superávit de la Junta Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) para expropiar a los “poseedores de buena fe que” habitan esa reserva indígena bribri.

“No puedo tolerar la violencia en esa zona. El Gobierno ha firmado acuerdos y no los cumple. Que utilicen unos ¢5.000 millones del Judesur y hagan las cosas como corresponden, pero no es justo sembrar más odio en esa zona”, reiteró el socialcristiano.

Los cinco diputados de Puntarenas sesionarán el próximo 20 de febrero en Salitre, con el fin de escuchar las posiciones de indígenas y finqueros de la zona.

Vargas agregó que, pese a que ha hecho consultas por escrito a las autoridades de gobierno sobre el tema de Salitre, no ha obtenido respuestas formales.

“Hay presunciones de que ahí está metida la Iglesia luterana y un sector de izquierda. Siguen los problemas entre vecinos y nos denuncian que la viceministra Zúñiga está parcializada por un grupo de indígenas”, resaltó, por su parte, el congresista Olivier Jiménez, de Liberación Nacional.

En diciembre pasado, la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, envió un informe al Ministerio de la Presidencia en el que señala la desprotección que padecen las familias indígenas.

Así, Solano señaló el incumplimiento del Gobierno, de compromisos adquiridos en julio del 2014, de mantener la presencia policial en la reserva indígena y de iniciar un censo de propiedades. Esa acción ha estado a cargo de la viceministra Zúñiga.

“Hay tres fincas ocupadas por personas no indígenas que han colocado peones armados y que obligan a las familias indígenas a huir, en algunos casos, sin que ellas puedan recuperar sus bienes materiales”, denunció la defensora el 6 de diciembre.

Se intentó conocer la posición de Zúñiga; sin embargo, no respondió a la consulta que se le hizo llegar por medio de la persona encargada de prensa.

En pugna. El conflicto entre indígenas y finqueros que no lo son, se inició en enero del 2013, cuando una turba sacó violentamente a los nativos de sus propiedades.

“Aquí están metidos los de izquierda y quieren responsabilizar de todas las desgracias a los finqueros. Ellos traen trabajo a la zona y, si reaccionan así, es por la violencia de un grupo pequeño de indígenas. Los humillados más bien somos nosotros”, afirmó Dora Ortiz, quien vive en la reserva.

Los indígenas de la zona confirman que no hay semana en la cual no se escuchen disparos al aire, pedradas contra las latas de los ranchos, insultos y agresiones entre los vecinos.

“El Gobierno promete y promete, pero no nos deja nada claro. No se ven patrullas y siguen las amenazas. Es hora de que los diputados actúen”, dijo la indígena bribri Mariana Delgado.

Santos Figueroa y Camelia Morales, quienes habitan en las comunidades Las Rosas y Puente de Salitre, respectivamente, lamentaron que, pese a que denuncian las amenazas de los finqueros “blancos”, no han recibido apoyo de la Fuerza Pública.