Los tres diputados de la comisión especial que estudió la acusación administrativa contra el magistrado de la Sala I Óscar González recomendaron al plenario revocar el nombramiento de ese juez, luego de una semana de estudio de la situación.
El liberacionista Antonio Álvarez Desanti anunció esa recomendación esta mañana en conferencia de prensa, donde indicó que trabajaron viernes y sábado para recibir en audiencia a González y la ofendida, Priscila Quirós, quien lo acusó de violación.
Álvarez explicó que estudiaron bien los elementos para determinar que se hubiera cumplido con el debido proceso administrativo y dijo que analizaron las pruebas y los vídeos de las audiencias.
El diputado verdiblanco añadió que en su recomendación al plenario pedirán que las sesiones del plenario no sean secretas durante la discusión, salvo que se entre en algún detalle que pueda afectar el honor de una de las partes.
La afectada dejó una carta a los diputados en que da su permiso para que la discusión se haga en público, pese a la intención que tenía el presidente legislativo, Henry Mora, para que fuera secreta.
Según Álvarez, la deliberación sobre el caso sí puede realizarse mañana martes en la sesión del plenario, pese a que exista un recurso de amparo del magistrado que impide a los diputados tomar la resolución final del caso, según comunicó el viernes la Sala Constitucional.
O sea, a pesar de iniciar la discusión, los congresista no podrán llegar a la votación final para determinar si destituyen a González o no, hasta que los magistrados constitucionales no resuelvan el recurso de amparo.
Junto a Álvarez, trabajaron en la comisión especial Edgardo Araya, del Frente Amplio, y Carmen Quesada, del Movimiento Libertario.
Araya indicó que el trabajo de esa comisión especial fue un estudio de conciencia del caso, desde el ángulo político, en vista de que la Asamblea Legislativa no puede constituir, bajo ningún punto de vista un órgano judicial.
El frenteamplista también explicó que el magistrado Óscar González tendrá derecho a una contrarréplica de media hora al informe de la comisión, en el plenario legislativo, en caso de que quiera hacer uso de ello.
El magistrado González fue acusado de seis delitos de violación y uno de tentativa de violación en contra de la subalterna, en setiembre del 2013.
Sobre el caso penal, los diputados también tienen a despacho una solicitud de levantamiento de la inmunidad para iniciarle el juzgamiento.
Sin embargo, de prosperar primero la revocatoria del nombramiento, el proceso de levantamiento de la inmunidad resultaría innecesario.