Por presión de los sindicatos del MOPT, los diputados aprobaron anoche, en primer debate, un proyecto de ley para eliminar el transitorio cuarto de la primera ley de transferencia de competencias a las municipalidades.
Con esa iniciativa, se elimina la autorización legislativa para que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) despidiera personal en nueve meses, a partir de la vigencia de la ley.
La presión de los sindicatos del MOPT se debía, según explicaron los congresistas, a un temor de que el transitorio cuatro diera pie a despidos masivos en el personal de Obras Públicas.
La razón de esa reorganización del MOPT es que la ley de transferencia de competencias le traslada totalmente sus funciones sobre construcción y reparación de calles cantonales a los municipios.
Según datos de los sindicatos, hay cerca de 1200 empleados asignados al desarrollo de obra pública, número que con la ley vigente se vería reducido.
Según el texto por eliminarse, el Ministerio "deberá establecer los cambios a su estructura orgánica que sean acordes con la reducción competencial que para dicha cartera se establece en la presente ley".
Entonces, la autorización incluía cese o traslado de personal, ya fuera internamente o hacia los ayuntamientos.
Esa iniciativa legal fue aprobada en agosto del año pasado y establece, aparte del traslado de las funciones, la transferencia anual de ¢60.000 millones para las corporaciones municipales.
Según William Alvarado, parlamentario del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el compromiso con los sindicatos se tomó para que estos no bloquearan la aprobación de ese plan.
"Se había hablado de que el tema no debía estar en la ley y que, en caso de requerirse una reforma estructural, el ministro de Obras Públicas lo puede hacer, sin necesidad de una autorización expresa", comentó Alvarado.
Al igual que en la votación de la primera ley de transferencia de competencias a las municipalidades, el oficialista Ottón Solís votó en contra de la eliminación del transitorio.
Para el fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), sigue careciendo de sentido una ley que no explica de dónde vendrán los recursos para transferírselos a las municipalidades.
Según Solís, el problema es que la ley toma los recursos de la tajada del impuesto sobre los combustibles que hoy administra el Ministerio de Hacienda, sin sustituirlos.
"Con todos los defectos del proyecto, eso era lo único que garantizaba que los empleados contratados por las municipalidades se compensaran con los que se despedía en el MOPT. La idea es dar recursos en una parte y quitarlos en otra", aseguró el legislador.
El liberacionista Michael Arce enfatizó que el transitorio de la ley municipal generaba inseguridad desmedida entre los funcionarios del MOPT, y adujo que la “intención no era esa ni dar pie a los despidos masivos”.
Edgardo Araya, del Frente Amplio, consideró que la fortaleza de un Estado no implica que este esté “hipertrofiado”.
Añadió que si habrá racionalización o movimiento de personal en ese Ministerio, tiene que surgir a partir de un análisis y no de una autorización de la Asamblea Legislativa en una ley que no tiene como fondo la reorganización de personal.