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Campesinos con el rostro cubierto se encargan de controlar la identidad de las personas que llegan al pueblo. | AFP (Ronaldo Schemidt)
Urapicho, México. AFP. En la entrada al poblado de Urapicho (Michoacán, oeste de México), campesinos encapuchados que portan fusiles controlan el ingreso de automóviles, temerosos de un ataque de un cartel del narcotráfico.
Ubicado sobre una zona montañosa y rodeado de bosques, cultivos de maíz y pasturas, Urapicho se ha convertido en la más reciente comunidad del estado de Michoacán en tomar en sus manos la seguridad frente a las amenazas de grupos del crimen organizado.
La decisión de convertir Urapicho en un pueblo vigilante revela el temor de muchos habitantes de México, un país inmerso en una brutal guerra contra el narcotráfico, así como la desconfianza que tienen en sus policías locales.
“La barricada está ahí para prevenir la entrada de cualquier gente que quiera hacer daño a la población”, explica un campesino de 52 años que cultiva maíz quien, al igual que otros de sus vecinos, evita dar su nombre por miedo a represalias.
Los 1.500 habitantes de este pueblo dicen que estaban en paz hasta que los cadáveres de dos presuntos miembros de un cartel de las drogas aparecieron en el camino que conduce a Urapicho el pasado mes de agosto.
Desde entonces, según aseguran los lugareños, algunos residentes han recibido amenazas telefónicas de personas que los culpan de esas muertes, mientras crece un remolino de rumores que apuntan a que los delincuentes quieren hacer pagar al pueblo la muerte de sus compañeros.
Cientos de personas reunidas en la plaza principal para discutir qué hacer acordaron, en una votación a mano alzada, crear un puesto de control las 24 horas, colocando piedras en la carretera que obligan a disminuir la velocidad a los autos que intentan llegar al aislado poblado.
Armando Ballinas, funcionario de la Seguridad Pública de Michoacán, sostiene que un cartel habría proporcionado ayuda financiera a algunos habitantes de Urapicho y que comenzó a amenazarlos cuando estos se negaron a trabajar para ellos. El hallazgo de los dos cadáveres aumentó las tensiones.
Michoacán es escenario de la guerra entre dos carteles: La Familia Michoacana y su grupo disidente Los Caballeros Templarios , que se disputan el control de rutas para el tráfico de drogas.
La disputa ha detonado en Michoacán las balaceras callejeras, los secuestros y los crímenes brutales con cadáveres que son tirados en las cunetas de las carreteras.
En el retén de Urapicho, cuatro hombres fornidos, uno de ellos vestido con una chaqueta verde militar, lucen escopetas y rifles de asalto bajo una carpa azul, mientras otros se esconden tras los árboles. Allí se revisan los documentos de los visitantes desconocidos.
Únicamente un camino pavimentado conduce al pueblo que da una impresión apacible, con su plaza de toros y sus casas de ladrillos, mientras en sus calles las mujeres venden coloridos vestidos de indígenas purepechas, como los que ellas mismas lucen, y los hombres con sombreros de paja se ocupan de las tareas del campo.
Los policías locales no son bienvenidos en Urapicho. Como sucede en muchas partes de México, la policía municipal tiene una reputación de corrupta. “Son pueblos indígenas donde ellos toman su propia ley”, dice uno de los comandantes de la policía municipal.
Los habitantes de Urapicho dicen que quieren que el Ejército, al que consideran más confiable, instale un puesto permanente.
El presidente de México, Felipe Calderón, quien finaliza su mandato el 1.° de diciembre, desplegó decenas de miles de tropas en el país tras lanzar una ofensiva militarizada contra los carteles en 2006. Desde entonces, México ha sido sacudido por una ola violenta que deja más de 60.000 muertos.
“El gobierno es el que debe atender este asunto y hasta ahora no tenemos ningún apoyo”, dice un músico local de 30 años que luce una gorra de beisbolista. “¡Queremos paz!”, añade.
Muchos habitantes salen a trabajar fuera de Urapicho, pero unos 80 agricultores y vendedores ambulantes han dejado de atender sus empleos por temor a ser secuestrados o asesinados.
“El país en general está viviendo esta situacion”, dice Nicolás Zalapa Vargas, alcalde del municipio de Paracho, en cuya jurisdicción se encuentra Urapicho.
“No es una situación particular de Michoacán, de Paracho o de Urapicho”, añade Zalapa, señalando que hay conversaciones con el gobierno estatal sobre la posibilidad de que se instale un puesto militar para respaldar a la patrulla comunitaria.
Urapicho está siguiendo los pasos de Cherán , una localidad vecina más grande, cuyos residentes establecieron una autodefensa contra los taladores ilegales que irrumpían armados en sus bosques.
A un año de su rebelión, en Cherán se han establecido puestos de control de ladrillo, con hombres y mujeres armados que visten uniformes azules y en los que se lee “Ronda comunitaria”.
Pero estas medidas de seguridad no complacen a todos. Una empleada de un supermercado de 27 años dice que no le gusta tener que mostrar el contenido de sus bolsos en el puesto de control, o explicar hacia dónde se dirige.
“Está mal. Revisan lo que traemos. Uno no puede andar tarde porque te piden explicar a dónde se anda. A nadie le gusta esto”, se queja mientras vende dulces a un niño.
