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Madrid. AFP y EFE. La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, se sentará en el banquillo de los acusados para responder por dos delitos fiscales y se expone a una pena de ocho años de cárcel, en un proceso sin precedentes que juzgará un caso de corrupción que sacude los cimientos de la monarquía.
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delitos fiscales
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imputados por juez
2,6
millones de euros de fianza
A Cristina la juzgarán junto a su marido, Iñaki Urdangarin, y el exsocio de este, Diego Torres, acusados de haber supuestamente malversado 6,1 millones euros de dinero público, en el marco de un caso que se convirtió en uno de los paradigmas de la corrupción en España y causó indignación.
La Casa Real expresó su “respeto a la independencia del Poder Judicial”, tras conocerse el lunes la decisión del juez José Castro, de los juzgados de Palma de Mallorca, Baleares.
El magistrado dictó juicio oral “contra 17 personas, entre ellas la infanta Cristina, como cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda Pública” por algo más de 300.000 euros cometidos por su marido, informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en un comunicado.
El juez Castro también impuso a la infanta el pago de 2,6 millones de euros como fianza para asegurar sus responsabilidades pecuniarias.
El defensor de la infanta, el abogado Miquel Roca, anunció que recurrirá la decisión por entender que la argumentación sobre la “ legitimidad ” de la acusación popular para llevarla a juicio “va más allá de lo que sería un auto propio de apertura de juicio oral” .
En contra de los argumentos de la defensa de Cristina de Borbón, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el juez consideró que la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias está legitimada para llevar a juicio en solitario a la hermana del rey.
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La imputación de la infanta Cristiana ha contribuido a abollar la imagen de la monarquía en España. El 5 abril del 2013 fue vista cuando se dirigía hacia una oficina suya en Barcelona. | AP (Manu Fernandez)
Posible malversación. El caso, abierto en la Audiencia de Palma de Mallorca en el 2010, investiga al Instituto Nóos , una fundación sin ánimo de lucro que presidió Urdangarín, a la que supuestamente se desviaron 6,1 millones de euros de fondos públicos entre el 2004 y el 2007.
La infanta Cristina y su esposo crearon la sociedad Aizoon , que compartían al 50%, a la que presuntamente se desviaron los fondos ilícitos, lo que supondría un fraude a la Hacienda Pública.
En su declaración como imputada ante el juez Castro el 8 de febrero del 2012, la hermana del rey se desentendió de la gestión de Aizoon y afirmó que había confiado plenamente en su marido.
La implicación de la infanta contribuyó a socavar la popularidad de la monarquía española, en horas bajas tras salir a la luz la cacería de elefantes del rey Juan Carlos en Botsuana , en el 2012, en un momento álgido de la crisis económica en España, que causó tal indignación que el monarca llegó a pedir perdón públicamente en un gesto sin precedentes.
Desde el momento de su imputación, la infanta fue apartada de las actividades de la Casa Real. No forma parte de la familia real desde la subida al trono de Felipe VI en junio, quien, según la prensa española, estaría intentando convencerla de que renuncie a sus derechos dinásticos como sexta en la línea de sucesión.
Imputada en un primer momento por un delito de blanqueo de capitales, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca redujo los cargos a los delitos fiscales.
Este sindicato se ha quedado como único 'acusador' de la infanta, en contra de la opinión de la defensa de Cristina, de la Abogacía del Estado y del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, contrarios a que fuera juzgada.
“Si no llega a ser por la acción popular, no se hubiera producido la imputación”, manifestó Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, presentada como grupo de ultraderecha y que suele personarse como acusación en casos por corrupción.
Iñaki Urdangarin se enfrenta, por su parte, a una petición del fiscal de 19,5 años por los delitos de malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, dos delitos contra la hacienda pública y un delito de blanqueo de capitales.
La decisión del juez llega apenas dos días antes de que el rey Felipe VI pronuncie su primer discurso de Navidad el 24.
