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Sospechosos de pertenecer a la Mara Salvatrucha después de ser arrestados en julio del 2016. (Salvador Melendez)
San Salvador. En un juicio histórico en El Salvador, unos 17 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS13) y otros 400 pandilleros miembros de esta estructura del crimen transnacional eran procesados el martes por los delitos de homicidios, tráfico de armas y pertenecer a organizaciones terroristas.
En el proceso a cargo de un juzgado especializado de San Salvador han comparecido ocho pandilleros y ocho particulares vinculados a la MS13 mientras que el resto de los procesados participan por medio de videoconferencias desde las cárceles donde están recluidos.
Por lo menos casi un centenar de abogados se han acreditado como defensores de los pandilleros en la vista pública que se estima podría finalizar en noviembre debido a la gran cantidad de testigos y expedientes.
Entre los imputados está toda la dirigencia nacional de la Mara Salvatrucha, entre ellos Borromeo Enrique Henríquez, alias Diablito de Hollywood; Saúl Antonio Turcios, alias el Trece; Arístides Dionisio Umanzor, alias el Sirra, y Carlos Tiberio Valladares, el Snayder.
Todos permanecen aislados en una cárcel de máxima seguridad conocida como Zacatraz. También habrían participado en la llamada tregua entre pandillas en el 2012.
La llamada ranfla nacional --como se conoce localmente a esa dirigencia-- está integrada por los fundadores de la Mara Salvatrucha y son quienes dirigen todos los grupos y dan las órdenes para los de menor rango.
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La Fiscalía asegura que logró recolectar declaraciones de 150 testigos, aunque durante el juicio solo presentarán 34. La principal prueba que tiene contra este grupo criminal es la declaración de un testigo que habría tenido la capacidad de identificar con apodos y nombres a cada uno de los pandilleros.
La mayoría de los imputados fueron capturados o intimados --informados de los cargos en las cárceles-- en febrero del 2018, cuando las autoridades asestaron un nuevo golpe a las finanzas de la pandilla al atacar una estructura dedicada al lavado de dinero proveniente de las extorsiones, principalmente en el oriente del país.
En la llamada Operación Cuscatlán, más de 1.500 policías de las fuerzas especiales, acompañados de fiscales del Ministerio Público, intervinieron diferentes tipos de negocios como venta de carros usados, restaurantes, bares, salas de belleza, cervecerías, viviendas particulares , lujosos ranchos de playa y hasta una empresa del transporte colectivo que funcionaban con dinero de las pandillas.
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En el operativo las autoridades se incautaron de $27.000 en efectivo, $194.000 en cuentas bancarias, 63 vehículos y 14 inmuebles.
Este ha sido uno de los golpes más importantes que las autoridades han asestado a las finanzas de una de las más peligrosas pandillas que operan en el país.
En el 2017 las autoridades desmantelaron dos estructuras de lavado de dinero y arrestaron a casi un centenar de personas vinculadas a la MS13 en la ciudad de Santa Ana, a 56 kilómetros al oeste de la capital. En los allanamientos se decomisaron más de $50.000 en efectivo, 70 vehículos y 15 armas de fuego.
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En otros de los golpes contra el dinero de este grupo criminal, en el 2016, durante la llamada Operación Jaque fueron capturados 77 pandilleros, entre ellos, los principales cabecillas de la pandilla. Se incautaron de 106 vehículos, entre ellos 28 autobuses del transporte colectivo y se inmovilizaron las operaciones de talleres mecánicos, restaurantes, auto moteles y cervecerías, y se congelaron decenas de cuentas bancarias.
El el 2015, Estados Unidos declaró a esta pandilla una organización trasnacional y el Departamento de Estado de ese país anunció sanciones económicas contra algunos de sus miembros o colaboradores. La administración del presidente Donald Trump ha hecho una prioridad la erradicación de organizaciones criminales como la pandilla MS13.
