“Los agentes comenzaron a llegar el domingo; sin embargo, el grueso de unos 600 hombres lo hizo a partir de ayer, para permanecer allí por tiempo indefinido y desarmar a los grupos enfrentados”, expresó ayer el ministro de Seguridad, Oscar Álvarez.
Voceros de la Policía en el departamento de Colón, donde se registran los conflictos, informaron de que ayer resultaron heridos dos empleados de una empresa que se dedica al cultivo de palma africana, quienes al parecer fueron atacados por grupos campesinos en la finca Camarones.
Este hecho se suma a la muerte de cinco guardas de seguridad de la finca Paso Aguán, que el domingo fueron emboscados por varios individuos armados.
La finca pertenece al empresario hondureño Miguel Facussé, quien ayer anunció que queda “en suspenso” un acuerdo que suscribió en junio con el gobierno que preside Porfirio Lobo para vender unas 4.000 hectáreas que le serán asignadas a labriegos aglutinados en el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) .
El ministro de Seguridad recordó que el año pasado el gobierno también envió un contingente de 1.000 policías y militares al registrarse varias muertes en el sector del Aguán, donde grupos de campesinos organizados exigen tierras, muchas de ellas privadas.
Los empresarios acusan a los campesinos de ocupar sus tierras y de provocar enfrentamientos armados, que en los últimos dos años han dejado unos 30 de muertos, entre guardas privados y labriegos.
El director del Instituto Nacional Agrario (INA) , César Ham, del Partido Unificación Democrática, reiteró ayer que los campesinos no tienen armas y que las provocaciones surgen de los vigilantes de las fincas de los empresarios.
El conflicto en el valle del Aguán dura ya varios años, aunque se ha agudizado en los últimos tres, a falta de acuerdos entre terratenientes, campesinos y el Gobierno.
A inicios de este año, el gobierno iba a entregar 11.000 hectáreas a familias del MUCA luego de una negociación; sin embargo, ya firmado el acuerdo, surgió una fuerte disputa entre Ham y Facussé pues este último quería más dinero por las 4.000 hectáreas que debía a ceder.
El conflicto creció entre ambos y esto ha impedido en varias ocasiones hacer la expropiación.