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El presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, decretaron una tregua en la guerra comercial que habían estado librando durante meses. Foto de archivo. AFP (NICOLAS ASFOURI/AFP)
China, presionada para responder a las exigencias comerciales del presidente estadounidense Donald Trump, impulsa una ley sobre las inversiones extranjeras cuya diligencia para aprobarla, a pesar de las imprecisiones del texto, inquieta a las empresas.
Esta nueva ley ya no obliga a las empresas extranjeras a transferir tecnología a sus socios chinos y establece una mayor equidad entre firmas locales e internacionales, algo reclamado desde hace tiempo por las empresas occidentales.
La Asamblea Popular Nacional de China, controlada por el partido único, el Partido Comunista Chino (PCC), votará la ley en su sesión plenaria anual de 10 días que comienza el 5 de marzo, apenas dos meses después del estudio de la versión preliminar.
“La velocidad con la que este proyecto de ley llega a la Asamblea Popular Nacional de China no tiene precedentes”, declaró a la AFP Wang Jiangyu, especialista en derecho chino de la Universidad Nacional de Singapur.
"Normalmente toma entre uno y tres años para que un proyecto de ley sea adoptado y promulgado", explica.
Las empresas extranjeras se inquietan por algunos artículos que son vagos y de índole general. Autoriza por ejemplo a China a confiscar, contra indemnización, las inversiones extranjeras “en nombre del interés público”, pero sin elaborar.
Pekín ya había presentado un proyecto de ley sobre las inversiones extranjeras en 2015, pero rápidamente se lo dejó de lado y la nueva versión reapareció a fines de 2018, señala Wang.
La Asamblea Popular Nacional estudió el texto en primera lectura el 23 de diciembre. Y está sometido oficialmente a los comentarios del público hasta el 24 de febrero.
Pero la semana pasada, durante dos días, se presentó una “nueva versión actualizada” en el Comité Permanente de la Asamblea, indicó la agencia Xinhua.
En resumen, Pekín parece decidido a cerrar el tema antes del 1.° de marzo. Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping se habían dado hasta esa fecha para hallar un acuerdo sobre los diferendos comerciales. Sin acuerdo, Washington aumentará los aranceles a las mercaderías importadas desde China.
"Nuestra impresión es que esta ley está atrapada entre el procedimiento legislativo normal y la mesa de negociaciones del conflicto comercial", indicó a la AFP Mats Harborn, presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea (UE) en Pekín.
"Es una pena porque se trata de una medida legislativa importante que tendrá un efecto (...) para todas las empresas extranjeras", añadió.
Las cámaras de comercio de la UE y de Estados Unidos en China declararon que presentaron rápidamente la semana pasada los comentarios de sus miembros sobre el texto.
El proyecto de ley responde a varias inquietudes de Trump. Protege, por ejemplo, los capitales extranjeros de las “interferencias” del gobierno chino.
Imprecisiones
Pero el texto es de cariz general y debería tener más detalles, estima la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China, en un informe que transmitió a las autoridades chinas y del que la AFP pudo consultar un resumen.
Un artículo que inquieta es el que atañe a las investigaciones de Pekín sobre las inversiones extranjeras, para saber si afectan la seguridad nacional.
La versión de 2015 dedicaba cinco páginas al tema, detallaba cómo apelar, y mencionaba ejemplos de casos en que la seguridad nacional podía invocarse, señala Jacob Parker, vicepresidente del Consejo Económico de Estados Unidos - China que defiende los intereses de la compañías estadounidenses.
Pero la edición 2019 del texto sólo contiene una frase, que estipula simplemente que se hará un estudio y que no se podrá apelar.
Frente a esta incertidumbre, las cámaras de comercio de la UE y de Estados Unidos piden a Pekín que impulse una ley única para empresas válida para las sociedades nacionales como para las extranjeras.
“Es hora de que se perciba que todas las compañías aportan una misma contribución positiva a China en materia de crecimiento, empleo, fiscalidad, investigación y desarrollo”, sostuvo Mats Harborn, que pide que ya no se hagan “distinciones”.
