“Aunque sé que muchos quieren que no se haga ninguna concesión a quienes no lo merecen, así como tomé la decisión de iniciar este juicio, he decidido ratificar algo que hace tiempo estaba decidido en mi corazón: perdonar a los acusados, concediéndoles la remisión de las condenas que merecidamente recibieron”, expresó Correa al leer ayer una carta a los ecuatorianos.
La condena contra el director Carlos Pérez, los subdirectores César y Nicolás Pérez y el exjefe de opinión Emilio Palacio había sido rechazada por las relatorías para la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas, y organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa.
Además, la CIDH otorgó medidas cautelares a los sentenciados para que no se aplicara la pena y convocó a una audiencia para el 28 de marzo. Ayer, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, manifestó que su país sí asistirá a esa cita.
El perdón de la pena es una facultad del querellante prevista para las causas privadas por injuria, como el caso de Correa, que presentó su demanda en calidad de ciudadano común. Desde un inicio, el mandatario ofreció donar la indemnización.
En su carta, el presidente afirmó que su perdón no implica “olvido” y que la “prensa abusiva ha sido vencida” en su campaña de “desprestigio y difamación”.
Asimismo, criticó a la CIDH, al señalar que su “sesgo” demuestra que “es necesario transformar el sistema interamericano de derechos humanos”, y a periódicos de la región que denunciaron el caso como una violación de la libertad de prensa y publicaron el artículo de Palacio.
El director de
“Los empleados lo han tomado bien, creo que en su justa medida, y también esperan que la decisión del presidente llegue a los órganos judiciales para estar en total tranquilidad”, dijo la directora encargada del rotativo Nila Velázquez, en rueda de prensa en Guayaquil.
Correa también anunció en su mensaje que desiste de la querella contra dos periodistas sentenciados en primera instancia al pago de dos millones de dólares en otro juicio por daño moral, debido a un libro que reveló contratos de un hermano suyo con el Estado.