EscucharANNAPOLIS, Maryland
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La prisión de Baltimore retendrá únicamente a inmigrantes que tengan alguna acusación por haber cometido algún delito. (AP)
El gobernador Martin O'Malley ordenó a una prisión estatal en Baltimore que cumpla las solicitudes de autoridades federales para retener a inmigrantes más allá de la fecha en la que deben ser excarcelados sólo si existe causa probable de que están implicados en algún delito, decisión que elogiaron este viernes la Unión Americana de Libertades Civiles y la Casa de Maryland.
La política que delineó en abril el gobernador demócrata aumentó las restricciones para la detención de personas y redujo el margen para que se acaten las solicitudes del Servicio de Inmigración y Protección de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de que se mantenga recluidas a personas consideradas una amenaza para la seguridad pública.
La política revisada, que el gobernador dio a conocer en una carta con fecha del miércoles y dirigida al jefe del Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales de Maryland, se da a conocer después que O'Malley recibió este mes la opinión de la oficina del fiscal general del estado sobre las peticiones para que se mantengan recluidas a personas.
La opinión concluye que si un agente local de policía no tiene causa probable para ampliar la detención de una persona como hubiera solicitado el ICE, alargar el encierro podría constituir una infracción a la Cuarta Enmienda constitucional.
"Atendiendo esta recomendación, confirmo aquí que el Departamento de Seguridad Pública y Servicios Penitenciarios, en su papel de administrador de la Oficina Central de Recepción de Detenidos en Baltimore City, sólo acatará las peticiones del ICE para que se retenga más tiempo a una persona cuando la petición tenga sustento adecuado a fin de encontrar elemento o causa probable de acuerdo con la Cuarta Enmienda", escribió O'Malley.
En su carta dirigida a Gregg Hershberger, que encabeza el departamento de seguridad pública y de prisiones, O'Malley agregó: "Usted debería recurrir a la asesoría legal en la Oficina del Fiscal General sobre el procedimiento mediante el cual se evalúan las peticiones del ICE para que se retenga a alguien a fin de determinar si esas solicitudes se ajustan a la Cuarta Enmienda y pueden ser atendidas sin peligro de incurrir en alguna responsabilidad".
La recomendación del fiscal general se dio por una solicitud de orientación que presentó la Oficina del Jefe de Policía del condado Washington para que se le asesorara sobre la carta que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) envió a todos los centros de detención del condado y al Centro de Detención de Baltimore City en la que les notificaba de las recientes decisiones judiciales federales.
Adam Snyder, fiscal general adjunto, escribió en su opinión -con fecha del 14 de agosto- que una solicitud del ICE para que se retenga a alguien no sirve para defenderse de alguna responsabilidad que pudiera resultar de una reclusión inconstitucional.
"En su lugar, la responsabilidad de las autoridades locales dependerá de si tienen causa probable para creer que los sujetos han cometido algún delito de acuerdo a alguna ley estatal o federal", escribió Snyder.
