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Una placa recuerda los nombres de las víctimas fallecidas entre 1970 y 1979 en la localidad de El Mozote, en el departamento de Morazán, en El Salvador. Foto: AFP (STR)
San Salvador
Al cumplirse más de un año de la derogación de una ley de amnistía en El Salvador, organismos de Derechos Humanos fustigan el lento avance de la Justicia para aclarar horrendos crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992).
"El camino para la justicia es lento. En un año no se avanzó y los casos siguen como siempre, en la impunidad", declaró a la AFP el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Miguel Montenegro.
El 13 de julio del 2016 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la amnistía de 1993, la cual perdonó las atrocidades cometidas en la guerra, por considerar que es "contraria al derecho al acceso a la Justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales".
Durante los 23 años que estuvo vigente, la ley de amnistía impidió todo reclamo de justicia de los organismos humanitarios.
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Sin embargo, transcurrido un año de su nulidad, esos mismos grupos advierten que la ruta para esclarecer los crímenes está llena de obstáculos y muchos familiares de víctimas temen pedir la reapertura de casos, sobre todo si hay militares involucrados.
Montenegro reprocha que los tribunales ni siquiera han abierto los casos contra militares, y muchos comienzan a hablar de una "justicia transicional", que busca conocer la verdad sin encarcelar a nadie.
"Justicia, verdad y reparación es lo que quieren familiares de las víctimas", advierte el activista.
Recordó que la Comisión de Derechos Humanos ha presentado algunos casos de manera "silenciosa", debido a que los familiares y organismos humanitarios "aún tienen miedo".
El caso más emblemático reabierto fue el de la masacre de El Mozote, donde más de 1.000 hombres, mujeres y niños fueron ejecutados por el batallón Atlacatl del Ejército entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, en el oriental departamento de Morazán.
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La guerra civil salvadoreña dejó más de 75.000 muertos y más de 7.000 desaparecidos.
El escaso avance en la reapertura de casos los organismos de Derechos Humanos lo atribuyen, en parte, al escaso protagonismo de la fiscalía, el poco interés de algunos jueces y a la falta de una legislación que respalde el cumplimiento de la decisión que suspendió la amnistía.
"La pasividad de la Fiscalía General de la República es notoria, no han actuado diligentemente" y además "el papel del Órgano Judicial es lento y se advierte que están retrasando la apertura de casos sobre masacres", advirtió el abogado de Tutela Legal, Wilfredo Medrano.
La Fiscalía reconoció en julio pasado que carece de recursos humanos y financieros para cumplir la sentencia de la CSJ, que demanda hacer justicia con las víctimas de la guerra civil.
En una reunión celebrada en julio pasado con jueces de la Sala de lo Constitucional, funcionarios del gobierno, Congreso y fiscalía, las partes reconocieron el escaso avance, pero según Medrano, "se están tirando la pelota" entre los operadores de justicia.
"Nosotros le apostamos a que los crímenes no queden impunes porque han causado traumas y graves daños a muchas familias", resume Medrano.
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Los organismos humanitarios, en un pronunciamiento, destacaron que la investigación y juzgamiento de las torturas, desapariciones forzadas, masacres, asesinatos y violaciones sexuales cometidos durante la guerra civil, "después de 25 años, continúa presentando obstáculos para que las víctimas y sus familiares obtengan una pronta y cumplida justicia".
En su pronunciamiento, las organizaciones cuestionan la negativa del Ministerio de la Defensa a proporcionar información de sus actuaciones pasadas por lo que piden de forma "urgente" que el presidente Salvador Sánchez Cerén, un exguerrillero izquierdista, ordene al alto mando militar colaborar con la investigaciones de crímenes.
"Denunciamos como una grave limitación el cumplimiento de la sentencia, que el Ministerio de la Defensa Nacional, sistemáticamente niega información a la Fiscalía, a las víctimas, sus familiares y organizaciones sociales defensoras de los Derechos Humanos", subraya el pronunciamiento.
