Murió a los 90 años Reynaldo Bignone, último presidente de la dictadura argentina

Bignone encabezó la última Junta Militar entre 1982 y 1983 y era el único presidente de facto de la dictadura (1976-1983) que permanecía con vida.

En el ocaso de la dictadura, abrió el proceso que permitió a Argentina el regreso a la vida democrática con la victoria de Raúl Alfonsín en las elecciones presidenciales de octubre de 1983.

Había sido condenado a prisión perpetua por asesinato, torturas, privación ilegítima de la libertad y robo de bebés, entre otros crímenes de la dictadura que dejó 30.000 desaparecidos, según organismos defensores de los derechos humanos.

Bignone había sido sentenciado junto al también exdictador Jorge Rafael Videla, ya fallecido, por robo de bebés de mujeres desaparecidas.

En 2016 había recibido una condena a 20 años de prisión por desaparición forzada de un centenar de personas en el marco del denominado Plan Cóndor de coordinación represiva entre la dictaduras de los países del Cono Sur.

Enfrentó su último proceso el año pasado, cuando sumó otra condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977 en el Colegio Militar que estaba a su cargo, donde muchas de las víctimas eran soldados que cumplían el servicio militar, por entonces obligatorio.

Murió en el Hospital Militar de Buenos Aires bajo arresto, al igual que el exjerarca de la dictadura Luciano Benjamín Menéndez, fallecido la semana pasada también a los 90 años.

Había sido hospitalizado por una fractura de cadera y estaba prevista su intervención quirúrgica este miércoles, pero falleció antes de ser operado debido a una insuficiencia cardíaca.

“Murió el genocida Bignone . Su familia sabe la hora, los motivos, el lugar. También podrá decidir dónde despedirlo. Las miles de familias de las víctimas de Bignone , no”, tuiteó la agrupación HIJOS (de hijos de desaparecidos).

“Espero ser el último presidente de facto”, había dicho Bignone poco antes de entregar la banda presidencial a Raúl Alfonsín.

Por ese gesto logró evitar ser juzgado en el histórico proceso contra las juntas militares en 1985, pero la derogación de leyes de perdón en 2003 habilitó numerosos juicios en su contra.

Antes de llamar a las elecciones generales que abrieron el proceso democrático, dictó una amnistía por lo hecho por la dictadura, que luego fue derogada por Alfonsín.

Además, ordenó por decreto la destrucción de la documentación existente sobre la represión.

Bignone presidió la Junta Militar tras el desplazamiento de Leopoldo Galtieri luego de la derrota argentina en la guerra con el Reino Unido por las Islas Malvinas (1982).

Durante su mandato, impulsó un acta por la cual se declaraba muertos a los desaparecidos y refería como “actos de servicio” los crímenes cometidos por la dictadura.

”¿Si hubo excesos? ¿En qué guerra no los hay?”, respondió al ser cuestionado sobre la desaparición y asesinato de opositores.

Según el libro “El último de facto”, para justificar la destrucción de la documentación el exgeneral dijo en una ocasión que “hubiera sido un error trágico publicar una lista de muertos. Después vendrían los interrogantes: ¿quién lo mató, dónde está el cadáver, por qué lo mataron?”.

En los muchos procesos en su contra, cada vez que tuvo que hablar frente al tribunal defendió la actuación de las Fuerzas Armadas en la dictadura y el pacto de silencio sobre los crímenes cometidos.

“Para el momento supremo de dejar este mundo resulta preferible el juzgamiento que el repudio unánime de mis superiores, camaradas y subalternos”, había dicho a los jueces que fijaron su pena.

Pese a las condenas, “quedaron pendientes centenares de causas con su nombre en la carátula”, se lamentó Pablo Llonto, abogado querellante en juicios por delitos de lesa humanidad, en declaraciones a la radio La Imposible.