La Paz. La organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció una “embestida” contra la independencia del Poder Judicial de Bolivia por parte del gobierno de Evo Morales, y llamó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a intervenir.

La destitución “arbitraria” de cerca de un centenar de jueces desde el 2017 “debilita seriamente la independencia judicial”, y la “OEA debería convocar a una reunión de su Consejo Permanente para discutir la reforma judicial que está debilitando el Estado de derecho” en Bolivia, dijo HRW en su informe sobre el país dado a conocer el lunes en Nueva York.

La organización defensora de los derechos humanos basó sus observaciones en las destituciones de jueces, sin causa aparente y sin que estos hayan tenido la oportunidad de “impugnar antes de ser removidos”.

Los cambios fueron ordenados por el Consejo de la Magistratura integrado por tres magistrados -dos de los cuales fueron exfuncionarios del gobierno de Morales- y son parte de una “reforma judicial” que lleva adelante una comisión de nueve miembros, cinco de los cuales “son partidarios de Morales o funcionarios gubernamentales que él designo”, puntualizó el informe.

“Si los bolivianos no tienen garantías de independencia judicial, todos sus derechos pueden ser amenazados”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

El Ministerio de Justicia informó a The Associated Press que se manifestará sobre el documento en las siguientes horas. Por su parte, el Tribunal Supremo indicó que la destitución de jueces compete al Consejo de la Magistratura.

Asimismo, AP solicitó un comentario a la OEA sin obtenerlo de inmediato.

Justicia vulnerable

“Los jueces son mucho más vulnerables a las presiones que el gobierno pueda ejercer. HRW ha recibido denuncias creíbles de presiones por parte de altos funcionarios de gobierno para que los jueces procesen a opositores... Otro ejemplo de la vulnerabilidad del Poder Judicial es la insólita decisión del Tribunal Constitucional declarando que Evo Morales tiene un derecho humano a presentarse indefinidamente a las elecciones”, dijo Vivanco a AP.

Apoyado en ese fallo, Morales anunció su postulación para un cuarto mandato en las elecciones de octubre a pesar de haber perdido un referendo en el 2016 que rechazó esa posibilidad.

Según la Constitución puesta en vigencia por Morales en el 2009, los altos funcionarios del Poder Judicial, entre ellos el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Magistratura, fueron elegidos por el voto ciudadano de una lista seleccionada por la Asamblea Legislativa en la que el gobierno controla los dos tercios.

La mayoría de los aspirantes a esos cargos “habían trabajado para el gobierno de Morales... Mientras tienen lugar estas destituciones caprichosas, el presidente Morales se dedica a menospreciar la importancia de la independencia judicial”, agregó HRW.

Bolivia es parte de tratados y convenciones sobre derechos humanos que exigen protección y respeto a la independencia judicial.

No es el primer informe crítico de HRW en contra de la gestión de Morales -en el poder desde el 2006-. En el pasado, el mandatario les ha restado importancia y ha acusado a la organización de “defender los intereses del imperio” en alusión a Estados Unidos.