EscucharCiudad de Guatemala. El gobierno de Guatemala solicitó este jueves investigar posibles malos manejos de fondos públicos por parte del número dos de la fiscalía, una entidad que puso en riesgo la transición presidencial en 2023.
La denuncia fue presentada ante la Contraloría General de Cuentas, encargada de fiscalizar al Estado, por el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, contra el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda.
“Por instrucciones del presidente Bernardo Arévalo, vengo a denunciar ante la población y la Contraloría el posible uso de fondos públicos para la persecución política de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero”, expresó Guerrero en una conferencia de prensa.
Detalló que el 16 de noviembre de 2021, Pineda solicitó en un oficio al entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) fondos para pagar “un bufete de abogados en Estados Unidos para actuar en contra de personas guatemaltecas exiliadas en el extranjero”.
Pineda justificó la necesidad de los abogados argumentando “la defensa de los intereses del Estado”, aunque, según Guerrero, el oficio solo presentaba publicaciones en redes sociales como evidencia.
El Ministerio de Finanzas asignó de forma urgente recursos financieros adicionales por 461.600 quetzales mensuales (unos $60.000).
“La estrategia propuesta por ese bufete fue sometida a aprobación por la actual fiscal (general) Consuelo Porras”, quien lideró la cruzada judicial contra Arévalo, poniendo en riesgo su asunción al poder en enero pasado.
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El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, presentó una denuncia ante la Contraloría General de Cuentas de Guatemala contra el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda. (JOHAN ORDONEZ/AFP)
Según Guerrero, el bufete estuvo contratado durante los años 2021 y 2022. Alrededor de 30 periodistas, jueces y fiscales anticorrupción se exiliaron debido a la persecución emprendida por Porras.
El pasado viernes, el gobierno de Arévalo presentó una denuncia penal por “incumplimiento de deberes” contra Porras, quien se mantiene en su cargo a pesar de los llamados del mandatario para que renuncie. Arévalo carece de facultades para remover a Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por corrupción.
Arévalo ganó ampliamente las elecciones de 2023 con la promesa de combatir la corrupción, generando preocupación en la élite político-empresarial que controlaba Guatemala.
La comunidad internacional atribuye a este temor los esfuerzos de la fiscal para obstaculizar a Arévalo con polémicas investigaciones contra él y su partido Semilla.
