Expresidente de Honduras conocerá veredicto en juicio por ‘narcoestado’ este jueves

La fiscalía de Nueva York sostiene que Hernández, durante sus ocho años de mandato (2014-2022), estableció un narcoestado, imputándolo por conspirar para traficar drogas y armas, así como por posesión ilegal de armamento. De ser declarado culpable, enfrentaría la posibilidad de pasar el resto de sus días en prisión, siguiendo la suerte de su hermano Tony, quien fue condenado a cadena perpetua en 2021.

Tras recibir las instrucciones del juez Kevin Castel, los 12 miembros del jurado se retirarán a deliberar sin un límite de tiempo establecido.

El fiscal Jacob H. Gutwillig afirma sin titubeos que el expresidente es “un narcotraficante” y que su culpabilidad está más allá de toda duda razonable.

Según la acusación, Hernández habría recibido millonarios sobornos de carteles de droga, incluido el de Sinaloa liderado por Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, a cambio de brindarles protección contra la extradición y seguridad con la colaboración de militares, policía y el sistema judicial para el traslado de sus mercancías desde Colombia hacia el mercado estadounidense.

Durante su mandato, Honduras se transformó en una “super autopista” para la cocaína colombiana, según la fiscalía, que asegura que la red apoyada por Hernández introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el mercado estadounidense entre 2004 y 2022.

La ciudad de San Pedro Sula, capital económica del norte del país y en 2013 una de las más violentas del mundo, se convirtió en un nodo clave para el tráfico de drogas antes de su paso por Guatemala y México, según la DEA estadounidense.

Dos caras

En la estrategia de la defensa, como es común en estos juicios, se cuestiona la credibilidad de los testigos, la mayoría de los cuales son narcotraficantes buscando reducir sus penas mediante la cooperación, y se destaca la falta de pruebas sustanciales que respalden las acusaciones.

Testigos como Devis Leonel Rivera, líder del cartel Los Cachiros, el exalcalde Alexander Ardón (del mismo partido que Hernández) y Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), afirman haber “aportado” miles de dólares para la campaña electoral de Hernández a cambio de protección. Aseguran que la evidencia de esta protección es que no fueron extraditados, sino que se entregaron voluntariamente a Estados Unidos.

El abogado de la defensa, Renato Stabile, señala que la única evidencia es la palabra de un narcotraficante a otro, y destaca que el exmandatario promulgó leyes contra el lavado de dinero, la incautación de bienes de origen delictivo y autorizó las primeras extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos.

LEA MÁS: Fiscalía de Estados Unidos ante el jurado: Expresidente de Honduras es un narcotraficante

En un giro irónico, la fiscal Elinor L. Tarlow rebate que la ley de extradición no era para los protegidos de Hernández, sino para los narcotraficantes que él mismo resguardaba.

El expresidente, quien se considera “víctima de una venganza”, califica a los testigos como “mentirosos profesionales”. Aunque no estaba obligado a declarar, se defendió en el estrado, resistiendo un intenso interrogatorio del fiscal Kyle Wirshba sobre por qué protegió a su hermano Tony, acusado de narcotráfico.

Tony Hernández fue detenido en 2018 en el aeropuerto de Miami después de que la seguridad presidencial le asegurara que no habría problemas para su viaje a Estados Unidos, según uno de los testigos de la defensa.

A lo largo del juicio, los testigos de la fiscalía evidenciaron los estrechos vínculos entre el narcotráfico y la política en Honduras.