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Mientras los padres de los desaparecidos se reunían con el presidente Enrique Peña Nieto, decenas de maestros atacaban la residencia oficial del nuevo gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, al término de una marcha. (AFP)
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió este miércoles largamente con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, cada vez más desesperados por la falta de información sobre sus hijos desde hace más de un mes.
Por primera vez, el mandatario recibió a los padres en su residencia oficial en un encuentro a puertas cerradas que se prolongó por más de cinco horas.
El presidente quiere esmerarse a detalle con toda la paciencia, escuchar mucho y luego ir resolviendo de manera expedita, dijo Rogelio Ortega, reputado académico de izquierda que asumió el domingo la gobernación de Guerrero y que asistió a la reunión.
Lo importante es que nadie se vaya inconforme pensando que no se lo escuchó, recalcó Ortega, quien regresó a Guerrero antes de que terminara el encuentro.
Peña Nieto, presionado en México y el exterior con reclamos de organismos como la ONU, ha manifestado su compromiso de esclarecer este crimen, que ha destapado una trama de complicidades entre el narcotráfico, policías y autoridades de Guerrero.
Los padres exigen a las autoridades que encuentren con vida a los 43 jóvenes cuyo paradero se desconoce desde la noche del 26 de septiembre, cuando fueron blanco de ataques por policías de la ciudad de Iguala y sicarios del cártel local Guerreros Unidos que dejaron seis muertos.
La fiscalía cree que los policías entregaron después a los 43 muchachos a los Guerreros Unidos y teme, por declaraciones de detenidos, que pudieron ser asesinados y enterrados.
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El presidente Enrique Peña Nieto dio instrucciones para fortalecer a las pymes y los programas sociales del Gobierno. | ARCHIVO AP (ALFREDO ESTRELLA)
Los familiares se niegan a creer esta versión y también han reaccionado con indignación ante otra que relaciona a los desaparecidos con grupos armados, incluido el cártel local Los Rojos, enemigo de Guerreros Unidos, sobre la cual no se han pronunciado las autoridades.
Los padres creen que se trata de un intento de criminalizar a sus hijos, quienes estudian para convertirse en maestros en una escuela rural de magisterio de Ayotzinapa (Guerrero), conocida por su beligerancia política.
Este crimen ha disparado la tensión en Guerrero, una de las regiones más pobres y violentas de México.
Estudiantes y maestros protagonizan fuertes protestas casi a diario y ya incendiaron la sede del gobierno de Guerrero y la alcaldía de Iguala.
Este miércoles, centenares de maestros marcharon hasta la residencia oficial del gobernador en Chilpancingo, capital estatal, pidiendo ser atendidos por Ortega.
La manifestación derivó en un lanzamiento mutuo de piedras y petardos entre maestros y unos 200 policías antimotines que estaban dentro de la residencia. Luego los maestros consiguieron abrir la puerta principal empotrándole una camioneta que incendiaron.
"Ellos nos están provocando para que actuemos violentamente y no lo vamos a hacer", subrayó Ortega.
Este caso ha desatado la indignación contra la clase política mexicana. El anterior gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dimitió la semana pasada entre críticas por su falta de reacción a las desapariciones mientras que el entonces alcalde de Iguala, ahora revocado, y su esposa son la pareja más buscada del país.
La fiscalía asegura que ambos estaban al servicio de Guerreros Unidos y ha acusado al alcalde de ordenar reprimir a los estudiantes de Ayotzinapa porque pensaba que iban a sabotear un evento público de su esposa.
Este miércoles, Luis Mazón, suplente de Abarca, fue nombrado nuevo alcalde de Iguala, una ciudad de 140.000 habitantes situada a solo 200 kilómetros de Ciudad de México.
El nuevo edil es hermano de Lázaro Mazón, quien tuvo que renunciar hace dos semanas como secretario de Salud de Guerrero por su relación personal y política con el prófugo Abarca.
Entre tanto, policías federales rastrearon este miércoles varios ríos cercanos a Iguala con lanchas y buzos, como parte del operativo de búsqueda que mantiene el gobierno con más de 2.000 efectivos.
Un funcionario federal dijo que este rastreo trata de verificar unas declaraciones del supuesto líder de Guerreros Unidos, Sidonio Casarrubias, capturado el 16 de octubre.
Casarrubias indicó que, después de los ataques, integrantes de su grupo habrían arrojado bolsas con restos humanos calcinados en ríos, dijo la fuente.
Según la fiscalía Casarrubias admitió que avaló el ataque pues uno de sus lugartenientes le aseguró que los jóvenes eran miembros de un cartel rival.
