El socialista Pedro Sánchez asume como nuevo presidente del gobierno español

Ante la Constitución, pero por primera vez sin la Biblia y el crucifijo, Sánchez, un licenciado en economía de 46 años de edad, juró su cargo ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado", dijo Sánchez, convirtiéndose en el séptimo jefe de gobierno de la España democrática.

El líder del centenario Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se abocará ahora a la tarea de designar a los miembros de su gobierno, quienes tomarán sus funciones después de que la lista salga publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en los próximos días.

Su llegada oficial al Palacio de la Moncloa ocurre 24 horas después de que el Congreso de los Diputados aprobara la moción de censura presentada por los socialistas contra Rajoy, cuyo Partido Popular fue condenado por la justicia en un megaescándalo de corrupción.

Tras perder dos elecciones generales y haber sido destituido por su partido, en apenas un año, Sánchez logró recuperar el liderazgo del PSOE respaldado por la militancia e hizo caer a Rajoy, un veterano político de 63 años de edad con fama de gran superviviente.

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Con solo 84 escaños de su partido, Sánchez obtuvo el apoyo de una mayoría de diputados (180 de 350) gracias una coalición heterogénea que le augura un mandato muy complicado.

Unidos en el rechazo a Rajoy, que gobernó desde 2011, pero sufrió los golpes de la multiplicación de los casos de corrupción que involucraron a su partido, lo respaldaron la izquierda radical de Podemos, los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos.

Proceso paralelo

La investidura de Sánchez coincidió con la toma de posesión en Barcelona del nuevo gobierno catalán del independentista Quim Torra, poniendo fin a la intervención de la autonomía regional desde la fallida declaración de independencia del 27 de octubre.

"Presidente Pedro Sánchez, hablemos, tratemos esta cuestión, tomemos riesgos, ustedes y nosotros", dijo Torra, durante la ceremonia, en la que algunos asistentes lucían prendas amarillas, el color que simboliza la causa separatista.

"Tenemos que sentarnos en la misma mesa y negociar de gobierno a gobierno", abundó Torra. "Esta situación que vivimos ya no puede alargarse ni un día más".

Cuando era líder de la oposición, Sánchez crítico duramente el intento secesionista y respaldó la estrategia gubernamental de imponer el control regional.

Este sábado, suavizó, sin embargo, el tono en el Congreso, cuando ofreció "restablecer puentes" y "normalizar las relaciones" con esta región nororiental de 7,5 millones de habitantes. "Este gobierno quiere que Cataluña esté en España, y escuchará a Cataluña", afirmó.

"Es evidente que tenemos que ir a unas elecciones generales", dijo también Sánchez sin mencionar fechas, reafirmando su "compromiso con Europa" y con "estabilizar socialmente este país", que tiene la segunda peor tasa de desempleo de la zona euro pese a haber encadenado tres años de crecimiento por encima del 3% del PIB.

La mayor presión para celebrar unos comicios cuanto antes vendrá del partido liberal Ciudadanos, que no apoyó la moción de censura y que, según los sondeos, va viento en popa.

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Sánchez verá limitada su capacidad de acción, con todos los partidos que lo apoyaron advirtiéndole que no tiene un cheque en blanco.

Podemos, quien ha insistido en entrar en el gobierno hasta ahora sin éxito, ya criticó que Sánchez se comprometiera a ejecutar los presupuestos generales del Estado para 2018, confeccionados por el gobierno conservador de Rajoy.

Sánchez buscó con eso garantizar un apoyo decisivo a la moción de censura del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que obtuvo en los presupuestos un generoso paquete de inversiones para el País Vasco.

Las iniciativas exitosas de Sánchez serán aquellas en "las que tiene posibilidad de conseguir una mayoría fácil", por ejemplo, la reforma de la ley de seguridad, denostada por la izquierda, estimó Fernando Vallespín, politólogo en la Universidad Autónoma de Madrid.