Carles Puigdemont pide a Madrid una investidura con 'normalidad' democrática

"Si el Estado español entendiera que lo mejor para todos es que el debate se celebre con normalidad, creo que daría un paso de gigante", dijo Puigdemont en rueda de prensa en la sede del partido político europeo Alianza Libre Europea.

La reunión llega cuando el jefe de la cámara, Roger Torrent, está organizando la sesión de investidura del presidente regional para finales de mes, en la que Puigdemont, acusado por la justicia de rebelión, sedición y malversación, es el único candidato.

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La duda es si asistirá en persona al debate. Si la investidura se realiza a distancia con Puigdemont en Bélgica, el gobierno español anunció que recurriría el nombramiento ante el Tribunal Constitucional.

Si regresa a España, se arriesga a ser detenido y enviado a prisión, al igual que los cuatro diputados instalados como él en Bruselas e igualmente acusados de rebelión, sedición y malversación por su papel en la declaración de independencia frustrada de finales de octubre.

"Nuestra voluntad es afrontar este debate de investidura con total normalidad democrática", dijo por su parte el Roger Torrent, para quien el “presidente Puigdemont", la “primera autoridad" de Cataluña, "tiene todos los derechos (...) a ser investido".

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El presidente de la cámara catalana reiteró así su “llamado” al gobierno central de Mariano Rajoy a “hablar y buscar garantías democráticas, soluciones políticas, para cumplir los mandatos democráticos del pueblo de Cataluña”.

Sobre si Puigdemont acudirá al Parlamento en persona, Torrent no lo pudo confirmar. "Hemos hablado de la investidura y él no me ha descartado la posibilidad de que se presente, obviamente, en el debate de investidura”, agregó.

Torrent destacó que su objetivo era permitir un gobierno en Cataluña “lo más rápido posible”, unas declaraciones que, según el diario catalán La Vanguardia, ejercen presión sobre Pugidemont por si no puede al final asumir sus funciones.

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Ambos aprovecharon para criticar a Madrid, que asumió en octubre la tutela de la administración catalana, por no permitir la celebración del encuentro en la sede que el gobierno catalán tiene en Bruselas.

El presidente del Parlamento, quien calificó el hecho de "indignante", aseguró que pidió a los servicios jurídicos de la cámara regional que "estudien las consecuencias legales de esta decisión arbitraria del gobierno del Estado español".