EscucharParís. Rusia debe poner fin al traslado forzoso de niños ucranianos y proporcionar información sobre los menores sacados de la exrepública socialista soviética para que puedan ser devueltos, instó un comité de Naciones Unidas (ONU) este jueves.
Ucrania calcula que al menos 20.000 niños fueron trasladados a Rusia sin su consentimiento o el de sus padres desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó la acción de "genocidio". Rusia, en cambio, rechaza las acusaciones.
En enero, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU un órgano de 18 expertos independientes, pidió explicaciones a Rusia por las acusaciones de deportaciones a menores. En sus conclusiones publicadas este jueves, los expertos instaron a Rusia a “poner fin al traslado forzoso o a la deportación de niños de los territorios ucranianos ocupados”.
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La Corte Penal Internacional (CPI) anunció el viernes que emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia. Además, la comisionada rusa para la infancia, Maria Lvova-Belova, también tiene orden de captura por parte la CPI.
Los expertos, que supervisan la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, también pidieron a Moscú "proporcionar información sobre el número exacto de niños sacados de Ucrania y su paradero".
El objetivo, precisaron, es que "los padres o tutores legales" puedan volver a encontrarlos y "garantizar que sean devueltos a sus familias y comunidades lo antes posible".
El comité de la ONU también expresó sus preocupaciones después de que salieran a la luz informaciones según las cuales niños ucranianos que residieron temporalmente en Rusia se vieron “privados de su nacionalidad ucraniana, en violación de los derechos que les confiere la Convención”.
Los expertos subrayan que Putin aprobó en enero un decreto que simplifica la concesión de ciudadanía rusa a los niños deportados o que fueron víctimas de traslado forzoso.
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en marzo una orden de captura contra el presidente ruso Vladimir Putin y la comisionada rusa para la infancia, Maria Lvova-Belova, por presunta “deportación ilegal” de menores. Rusia, que no es miembro de la CPI, insiste en que considera “nula” dicha iniciativa.
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