Ministro del Interior peruano renuncia en medio de investigación por ‘Rolexgate’

“Yo coordiné con la señora (presidenta) y me voy porque lo pedí y la señora accedió”, dijo Torres a la salida del palacio presidencial tras asistir a su último consejo de ministros.

Torres, quien ocupaba el cargo desde el 21 de noviembre, alegó "problemas familiares" para desvincularse del gobierno de Boluarte, investigada por la fiscalía.

Cuestionado por el aumento de la inseguridad ciudadana, el ministro se desempeñaba como máximo responsable de la policía, que el fin de semana allanó junto a la fiscalía la vivienda y despacho presidencial de Boluarte en el marco del llamado "Rolexgate".

Según varios medios de prensa, un sector del gabinete solicitó a Torres remover al coronel que dirigió la sorpresiva operación de registro.

El gobierno registra así su primera baja desde que a mediados de marzo estalló el escándalo por una publicación periodística que reveló el uso de varios relojes de lujo por parte de la mandataria, de 61 años.

“Si la señora sale, el Perú se hunde”, comentó el saliente ministro, a raíz del pedido de destitución que presentaron grupos de oposición que no ostentan la mayoría en el Congreso. ”La señora no tiene nada que esconder. Me voy en paz, con las manos limpias”, agregó Torres.

Boluarte ante la fiscalía

Tras el allanamiento a la vivienda y despacho presidendial de la mandataria, donde no se halló ningún reloj Rolex, la fiscalía exortó a Boluarte a exhibirlos para lo cual fue convocada este viernes.

“Se citó formalmente a la presidenta de la República, para que exhiba los relojes Rolex y preste la declaración el viernes 5 de abril”, dijo el Ministerio Público en un comunicado difundido el domingo en la red social X.

En respuesta, la mandataria pidió realizar su declaración ante la autoridad a la brevedad posible para “esclarecer los hechos” en medio de “la turbulencia política que se viene produciendo”.

La fiscalía la investiga sobre un presunto enriquecimiento ilícito, debido a que no declaró su posesión dentro de sus bienes. Las indagaciones comenzaron el pasado 18 de marzo, luego de una denuncia periodística.

La defensa de la mandataria manifestó el sábado que los policías encontraron unos relojes durante los operativos en Palacio de Gobierno, pero ningún Rolex.

‘Ataque a la democracia’

La presidenta calificó el sábado la acción de la fiscalía de “arbitraria, desproporcional y abusiva”. Boluarte manifestó que es atacada sistemáticamente y que, por lo tanto, “es un ataque a la democracia y el estado de gobierno, generando inestabilidad política, social y económica”.

En caso de que la fiscalía la acuse de enriquecimiento ilícito, Boluarte solo respondería en un eventual juicio después de julio de 2026 cuando termina su mandato, según fija la Constitución. El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) desde el Congreso alegando “incapacidad moral”.

Para que ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el parlamento unicameral y son el principal sostén de la mandataria deberán apoyar a las minoritarias bancadas de izquierda en una alianza, en teoría, difícil de concretar.

El sábado, 26 de los 130 congresistas de la bancada de izquierda, entre ellos la del partido al que perteneció Boluarte, presentaron una "moción de vacancia" contra la presidenta ante la directiva del parlamento.

Pero para que sea llevado a debate debe antes ser aprobado por medio centenar de legisladores.

Boluarte era vicepresidenta hasta que asumió la primera magistratura el 7 de diciembre de 2022 luego que el Congreso destituyera al presidente izquierdista Pedro Castillo por su intento de disolver el Parlamento y gobernar por decreto.