Rescate de mineros en México: Arcaica minería artesanal

Ese día vio la luz del casco de un colega acercarse rápidamente a él. “El vato (chico) gritó ‘¡agua, agua!’”, recordó. Lo que siguió fue correr, raspándose con las toscas paredes de la mina de carbón y golpeándose la cabeza contra los pilotes que apuntalaban el lugar.

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“El agua es el ‘coco’ (espanto) de nosotros”, dice David, de 35 años, y quien trabajó casi 13 en las minas de Sabinas (estado de Coahuila), donde ocurrió el siniestro el pasado 3 de agosto.

Su cuñado, Sergio Cruz, no tuvo tanta suerte. Es uno de los desaparecidos en la mina El Pinabete, luego que los trabajadores abrieran un hueco en una pared y el agua de un yacimiento contiguo —abandonado hace 30 años— anegara su galería.

La inundación es el mayor obstáculo para rescatar a los mineros, de quienes no hay señales de vida. Otros cinco lograron escapar. Durante días se trabajó con bombas extractoras, pero los niveles volvieron a crecer y se optó por sellar primero las filtraciones.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió rescatar a los mineros, pero el caso evoca su compromiso incumplido de recuperar los cuerpos de 63 trabajadores fallecidos por una explosión en la mina Pasta de Conchos en el 2006, uno de los peores accidentes registrados en Coahuila.

Precariedad

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Parte de la extracción de carbón en México se realiza mediante los llamados “pocitos”, método artesanal en que los mineros, en precarias condiciones laborales y de seguridad, descienden por estrechos fosos. Los del Pinabete tienen unos 60 metros de profundidad.

En Sabinas hay 67 pequeños y medianos productores de carbón, según cifras oficiales. Aunque López Obrador defendió que su gobierno, iniciado en 2018, no entregó concesiones mineras, la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) alienta la explotación artesanal.

Entre setiembre del 2020 y diciembre del 2021, la zona produjo dos millones de toneladas del mineral para las plantas carboeléctricas de la empresa en Coahuila.

Pero los costos para los mineros —quienes ganan entre $150 y $200 dólares semanales— y sus familias son altos. La Organización No Gubernamental (ONG) Familia Pasta de Conchos, que exige justicia por el accidente en esa mina, documentó 3.100 mineros fallecidos en la zona desde 1883, la mayoría a inicios del siglo XX (20).

Desde esa fecha los métodos de extracción parecen haber evolucionado poco. David cuenta que los mineros trabajan “casi encuerados (desnudos)” a unos 35 grados centígrados, sin ventilación adecuada.

La poca altura (máximo dos metros) de las galerías obliga también a los obreros a pasar hasta seis horas —el maltrato físico no permite más— trabajando encorvados. Por ello, muchas veces maniobran de rodillas tumbando y sacando el carbón, expuestos a enfermedades respiratorias por falta de mascarillas.

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“No traen equipo más que el casco y la lámpara”, dijo Cristina Auerbach, directora de Familia Pasta de Conchos. “Llevan el casco porque, si no, no tienen dónde poner la lámpara. Si se lo pudieran ahorrar (los dueños), también se lo ahorraban”.

‘¡Al dueño le vale!’

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Para mineros y especialistas, la mayor negligencia de los empleadores es el escaso conocimiento de las condiciones geológicas. “No contratan ingenieros, no hacen cálculos, no están midiendo producción, sino simplemente sacan, venden y hasta ahí”, indicó Diego Martínez, del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Martínez advirtió que en El Pinabete aparentemente nadie revisaba planos ni orientaba las maniobras. De hecho, no tenía planos actualizados, según autoridades locales. Huerta desconoce de dónde obtienen información técnica los “encargados”.

A su juicio, la atractiva veta de El Pinabete, superior al promedio, es una razón poderosa para que la empresa desdeñara los peligros. “¡Al dueño le vale (no le importa) con tal de que saquen carbón!”, aseveró. La compañía registrada como dueña de la concesión guarda silencio en torno al caso y hay opacidad sobre quiénes son sus propietarios.

Cacicazgos

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La minería en Coahuila es la más sancionada por incumplir medidas de seguridad en México. El gobierno suspendió actividades en 27 explotaciones, un 84% de todas las sanciones decretadas en minas del país desde el 2018.

Sin embargo, la falta de medidas más severas en la zona carbonífera obedece a cacicazgos políticos, según Auerbach. “La CFE ejerce el control político sobre la región porque controla a todos estos políticos dándoles contratos, aunque los muertos los ponen los mineros y sus familias”, denunció.

Sin vincular a la CFE, López Obrador también refiere la existencia de gamonales que impiden que los mineros —sin contratos— se sindicalicen. “Es muy raro el patrón que te pone el seguro (social). La mayoría de los pozos son clandestinos”, comentó Huerta.

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La reserva siniestrada fue concesionada hasta el 2053. Aunque legal, es uno de los lapsos más amplios en Latinoamérica, arriba de los 30 años en Colombia o 25 en Ecuador.

Pese a ello, la minería es la única fuente de empleo para muchos en la zona. “Siempre hemos trabajado en esto (...), es muy difícil dejarlo”, admitió Luis Ontiveros, sin perder la esperanza de ver con vida a sus diez colegas.