EscucharCiudad de México. El caso Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes mexicanos a manos de narcotraficantes, cumple este martes nueve años sin que se conozca el paradero de 40 de ellos ni los móviles del crimen, que salpica a militares.
Aunque el hecho es atribuido al cártel Guerreros Unidos y policías a su servicio, no están claras las motivaciones, pero sí hay consenso en cuanto a que otras autoridades estuvieron al tanto de los hechos que terminaron probablemente con el asesinato de los jóvenes.
Una investigación de juristas internacionales y otra del gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador se enfocaron en desmontar la llamada "verdad histórica" planteada por el anterior mandatario, Enrique Peña Nieto (2012-2018), que descartó la participación de mandos militares.
Esa versión concluyó que los jóvenes fueron ejecutados, incinerados y sus restos arrojados a un río, luego de que Guerreros Unidos los confundiera con delincuentes enemigos. Limitó así la responsabilidad a pistoleros y policías municipales.
Actualmente están detenidos el exfiscal general Jesús Murillo Karam, dos generales, 20 miembros del Ejército y otras 100 personas entre delincuentes, agentes de seguridad y funcionarios, pero no hay condenas.
Los familiares de las víctimas acusan al gobierno de no haber entregado toda la información que posee sobre los eventos ocurridos el 26 y 27 de setiembre de 2014 en Iguala (estado de Guerrero, sur).
López Obrador alega que su gobierno ya compartió con los fiscales todo el material disponible, incluyendo documentos militares y de inteligencia e interceptaciones telefónicas de Estados Unidos a Guerreros Unidos.
Los jóvenes fueron secuestrados tras apoderarse de autobuses en los que viajarían a una manifestación en Ciudad de México. Solo han aparecido restos incinerados de tres de ellos.
A continuación los principales hallazgos del caso, considerado una de las peores violaciones de derechos humanos en México, donde más de 100.000 personas desaparecieron desde 2006 cuando el gobierno lanzó una ofensiva militar antidrogas.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/FEDSXEI7ZNGYLEH3RZG6JQCG74.JPG)
Anochecer en la plaza principal de la Ciudad de México, el Zócalo.
¿Qué dice el Gobierno?
Según el informe presentado en agosto de 2022 por la gubernamental Comisión de la Verdad (Covaj), los alumnos de la normal de Ayotzinapa fueron asesinados y se trató de un “crimen de Estado” por la acción u omisión de “autoridades estatales y federales”.
La Covaj y la Fiscalía basaron su pesquisa en los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado en 2015 por acuerdo entre México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El reporte confirmó la presencia de un soldado infiltrado como informante, que desapareció con los 43, y reconoció que autoridades federales estuvieron informadas "en todo momento" de la situación.
Se presume que autoridades "del más alto nivel" alteraron hechos y circunstancias "para establecer una conclusión ajena a la verdad", asegura la COVAJ.
¿Qué estableció el GIEI?
El GIEI, cuya labor culminó en julio pasado y es respaldada por los familiares, denunció que la documentación entregada por el Estado "es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones" sobre el día del crimen y fechas posteriores.
La comisión de expertos "se ha encontrado con la respuesta negativa de las instituciones, a pesar de las pruebas existentes", señaló el grupo.
Y aunque reconoció "voluntad política" de López Obrador para abrir archivos del Ejército, la Marina y los servicios de inteligencia, reprochó su insistencia en ocultar información.
Desde 2016 el GIEI aportó evidencia sobre manipulación de la escena del crimen por parte de autoridades y confirmación del uso generalizado de torturas para obtener testimonios.
En 2019 sumó pruebas basadas en comunicaciones entre agentes del Estado y delincuentes, que demuestran que "actuaron de forma coordinada como parte de una red criminal".
¿Qué sabe EE. UU.?
El privado Archivo Nacional de Seguridad, que publica documentos desclasificados por Estados Unidos, aseguró este martes que ese país sabía que los autores del crimen "tenían aliados en todos los niveles del gobierno mexicano".
Basado en un informe de la DEA, añadió que en la época de los hechos Guerreros Unidos traficaba drogas desde Iguala a la ciudad estadounidense de Chicago. Versiones de prensa indican que ese trasiego se realizaba en autobuses.
Una investigación de The New York Times difundida a inicios de septiembre, que consultó “23.000 mensajes de texto inéditos, declaraciones de testigos y documentos de investigación”, aseguró por su parte que el cártel tenía sometidos bajo amenaza o sobornos a policías, militares y funcionarios de todo nivel.
Y añadió que los sicarios habrían confundido la caravana de autobuses con una incursión enemiga, por lo que ordenaron detener y eliminar a los estudiantes.
López Obrador prometió este martes revelar todas las comunicaciones entregadas por Washington.
:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gruponacion/26294ca6-da4c-4e8b-83c2-e21865d85012.jpg)