El régimen de excepción que Nayib Bukele convirtió en norma cumple un año entre cuestionamientos

No obstante, las acciones adoptadas por la administración Bukele durante este tiempo generan un vendaval de señalamientos de la comunidad internacional, debido a los excesos cometidos por las autoridades en su controversial cruzada por someter a los pandilleros.

Una de las organizaciones que ha alzado la voz sobre la situación en El Salvador es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre del 2022 le hizo un llamado al gobierno, recordando la importancia de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Las preocupaciones de la CIDH nacen debido a la gran cantidad de denuncias generadas por las detenciones masivas, maltratos y torturas hacia las personas detenidas; además de los múltiples reportes sobre muertes bajo custodia y procesos penales abusivos.

Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, calificó de lamentable la condición en que se encuentra ese país centroamericano, pero también consideró que lo ocurrido allí es parte de un fenómeno que se está dando en otras latitudes.

“La situación en El Salvador no es un caso aislado. Es un caso que lamentablemente conforma un patrón, en donde las violaciones a los derechos humanos se convirtieron en la norma y no en la excepción. Este régimen de excepción ya tiene poco de excepcional, dado que ya cumplió un año”, comentó Guevara.

En medio de la controversia desatada por esta y otras acciones de su gestión, Bukele ha logrado el apoyo de una parte de la ciudadanía. No obstante, la directora de Amnistía sostuvo que la popularidad “no debería ser una carta blanca para que el presidente siga violando los derechos humanos de las personas”.

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Herramienta de control

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Para Amnistía Internacional, el régimen de excepción en El Salvador se convirtió en una herramienta de control para Nayib Bukele, cuyos decretos desmantelaron poco a poco el estado de Derecho y la independencia de los poderes del Estado.

Un régimen de excepción “es un mecanismo legal para abordar situaciones de emergencia y debe ser eminentemente temporal y extraordinario”. Así lo establece el artículo 29 de la Constitución Política salvadoreña.

La Carta Magna indica que el régimen se debe aprobar inicialmente por 30 días pero que se puede prorrogar o extender si las causas que lo generaron siguen existiendo en el país. Al día de hoy la Asamblea Legislativa lo prorrogó más de diez veces; la última extensión se vence el 16 de abril.

Este estado de excepción busca limitar la libertad de asociación y permite que las autoridades suspendan el derecho de las personas de ser informadas de sus derechos y motivos de arresto. Desde que se implementó, las autoridades han detenido a más de 66.000 personas.

Amnistía Internacional sostiene que las acciones militarizadas de “mano dura”, en vez de ayudar, terminan siendo insostenibles a largo plazo.

“Estas políticas de “mano dura”, terminan alimentando condiciones de violencia en donde el crimen organizado encuentra una nueva forma de reorganizarse, y así lo hemos visto en la historia de las últimas dos décadas en El Salvador”, aseveró la directora Erika Guevara.

”A corto plazo, estas acciones del Estado mostraron un cambio sustancial en la reducción del índice de homicidios, pero muy pronto demostraron que si los derechos humanos son los que están en riesgo, pues finalmente son políticas que no son sostenibles en el largo plazo”, explicó.

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El régimen instaurado por Bukele convirtió a El Salvador en el país con mayor población carcelaria del mundo. Las prisiones están a su máxima capacidad, e inclusive se contruyó una megacárcel a la que llaman: “el Centro de Detención para el Terrorismo”.

Dichas cárceles representan un grave peligro, principalmente para aquellas personas que han sido arrestadas sin estar vinculadas con actos delictivos.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos señalan que muchos ha terminado tras las rejas por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado y que no han tenido un debido proceso.

Señalan que estas personas no tuvieron derecho a la defensa, no conocen de qué cargos se les acusa y, en términos generales, no tuvieron un juicio justo. Además, son colocadas en las mismas cárceles que los pandilleros que fueron sentenciados antes de que se estableciera el régimen de excepción.

Bukele indicó el pasado 18 de enero que se liberó a 3.000 personas “al ser consideradas inocentes”.