Después de esa fecha, “quien no haya hecho (el proceso de desinversión) está fuera de la ley y con los plazos vencidos para adecuarse”, dijo a periodistas Martín Sabbatella, el recientemente designado titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
El Gobierno y el Grupo Clarín, muy crítico con la presidenta Cristina Fernández, están enfrentados desde el 2008. En el marco de esas tensas relaciones, el conglomerado mediático rechaza el artículo 161 de la ley de medios impulsada por el oficialismo, y aprobada tres años atrás en el Congreso, que limita el número de licencias por cada empresa periodística y obliga a desprenderse de las no permitidas en un plazo no mayor a un año después de que la AFSCA establezca los mecanismos de transición. También disiente acerca de que el 7 de diciembre deberá poner fin a su supuesta situación monopolística.
A instancias del grupo periodístico, que tiene al diario Clarín de insignia, una medida cautelar de un juez suspendió la aplicación del polémico artículo hasta que se defina si su contenido es constitucional. La Corte Suprema de Justicia estableció que el 7 de diciembre vence el plazo de vigencia de dicha medida judicial.
Según constitucionalistas que respaldan el punto de vista de Clarín, el proceso judicial todavía no terminó, de modo que no se puede inferir que ese día el grupo tenga que desprenderse de licencias.
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