EscucharAsunción y Washington. EFE. Ecuador, que ha sostenido un dilatado pulso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , volverá a insistir en la necesidad de reformar esta dependencia de la OEA y permitir que los gobiernos tengan más control de sus actividades.
El asunto entrará en la agenda de la 44ª. Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se inauguró ayer en Asunción, Paraguay, y cuyo eje principal es la conciliación entre el desarrollo económico y la inclusión social. Los debates se prolongarán hasta mañana.
En las semanas anteriores a la Asamblea, el gobierno del presidente Rafael Correa impulsó una ofensiva tendiente a lograr apoyo de otros países a su propuesta, sobre todo de los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) , bloque que ha encabezado la ofensiva en demanda de cambios a la CIDH.
Como ha ocurrido en anteriores asambleas, países como Canadá y Estados Unidos podrían salir al paso de la iniciativa de Quito.
En este sentido, el Gobierno de Washington exhortó el viernes anterior a la OEA a regresar y centrarse “en sus valores y principios fundamentrales, entre ellos la defensa y la promoción de los derechos humanos y la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
La CIDH, un órgano autónomo de la OEA cuya misión es alentar y proteger los derechos humanos, está en la mira de países como Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, descontentos por las críticas sobre la materia y medidas cautelares dictadas por el organismo.
Venezuela se ha quejado reiteradamente de supuesta parcialidad de la Comisión, en tanto que para Correa esta se ha convertido en un “instrumento de persecución de los gobiernos progresistas”.
Los países de la ALBA afirman que la CIDH actúa como un brazo de Estados Unidos y exigen que la sede, en Washington, se mude a otra capital pues ese país no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José).
Empuje ecuatoriano. Con vistas a la Asamblea en Asunción, Ecuador planteó la reforma a la CIDH en un encuentro de cuatro cancilleres y 26 altos funcionarios de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que tuvo lugar el 23 de mayo en las islas Galápagos.
También, en la IV Conferencia de Estados Parte del Pacto de San José, la semana anterior en Haití.
Una declaración firmada allí estableció que la financiación de las relatorías –encargadas de recabar y preparar informes de diversas áreas temáticas– sea “equilibrada” y que cualquier donación, aparte del aporte normal de cada país miembro, vaya a un fondo común para su asignación “de acuerdo con un programa de trabajo previamente aprobado por los Estados”.
Esta propuesta se explica por cuanto el gobierno de Correa, que ha tenido fuertes choques con la Relatoría de Libertad de Libertad de Expresión , afirma que esta cuenta con más fondos que otras.
La Relatoría de Derechos Humanos recibe aportaciones directas de países y busca financiación de otras entidades, por medio de la presentación de proyectos.
En la declaración de Haití, los participantes acordaron plantear a la Asamblea General en Asunción que Uruguay y México acojan las sesiones de la Comisión.
