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- Two people dressed up like gravediggers perform a funeral burying the Social Rights' coffin during a protest called by several social collectives to demand decent social services and against Spanish government's cuts, on September 11, 2012, in the Northern Spanish Basque city of Bilbao. Spain's Prime Minister Mariano Rajoy ruled out on September 10, 2012 any economic bailout that dictates spending cuts or touches old-age pensions. As global markets anticipated a rapid international rescue for the eurozone's fourth-biggest economy, Rajoy refused to be rushed into a deal or to contemplate surrendering key powers over the budget. AFP PHOTO / RAFA RIVAS (RAFA RIVAS)
Madrid. Son las 8:00 a. m. y decenas de personas comienzan a juntarse a la puerta de un bloque de viviendas. “Hoy el banco quiere echar de su vivienda a Franklin y Lucía, vecinos del barrio”, comenta un hombre, megáfono en mano. Sucede en Alcorcón, localidad del extrarradio de Madrid, pero podría ser en cualquier punto de España. Una familia afronta un desahucio, concepto clave para entender algunos efectos de la crisis económica.
Según datos oficiales, 46.599 procesos judiciales para desalojar a propietarios de viviendas se iniciaron en los tres primeros meses del 2012. Con una tasa de desempleo del 24,6% en primer semestre de este año, los desalojos se han multiplicado casi por cinco desde 2007.
Escenas como la de Alcorcón se repiten casi a diario en todo el país. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) fue creada en 2009 en la ciudad de Barcelona. En dos años se extendió por las principales ciudades. “El objetivo es parar los desahucios, presionar a las administraciones para cambiar la legislación y crear un clima de opinión pública que ponga énfasis en este problema”, comenta Vicente Pérez, uno de los portavoces de la PAH.
Solo en Madrid, las acciones solidarias de la PAH junto a otros grupos sociales surgidos del movimiento de los indignados 15-M (se inició 15 de marzo del 2011) han parado algo más de 100 desalojos.
“Se trata de intentar resistir la violencia que el sistema ejerce sobre uno de los colectivos sociales más vulnerables, la gente que ha perdido el empleo y no puede responder a las deudas”, afirma el portavoz Vicente Pérez.
Desesperación. Mientras llega más gente a la puerta de la casa, el abogado voluntario de la PAH comenta la situación de ansiedad de la familia, que prefiere no hablar directamente con los periodistas.
Sí se muestra dispuesto a contar su historia Eduardo Cochago. Hombre, de 44 años, natural de Ecuador pero con nacionalidad española, es un ejemplo significativo de la trayectoria de muchos afectados en España. Llegó al país en el año 2000 y comenzó pronto a trabajar en la construcción gracias al boom de grandes obras.
En el 2006, con su mujer y una hija de cuatro años, decidió comprar una vivienda en el barrio madrileño de La Elipa. “El banco y la inmobiliaria me ofrecían todas las facilidades. Era casi un acoso para que comprara”, señaló.
A Cochago le ofrecieron la compra con una mensualidad de 800 euros durante 30 años. “A mí me engañaron desde el primer momento. Acepté pagar eso pensando en apretar un poco los gastos, pero mi sorpresa fue que el primer cobro fue de 1.350 euros”, cuenta. En el banco le hablaron de intereses variables, comisiones y demás cláusulas con las que no contaba Eduardo. Además, le aseguraron que su mensualidad bajaría pronto.
A pesar de otra subida más a los seis meses, la familia pudo seguir afrontando el pago. Eso sí apenas hasta el 2008. “Cuando me quedé sin trabajo empezó mi calvario. A partir de agosto del 2008, ya no podía pagar mis obligaciones”.
Desalojo. De este modo, la deuda fue creciendo poco a poco a pesar de que fue amortizando pequeñas cantidades. “En setiembre del 2009 hice el último pago, pero mi sorpresa fue que tres meses atrás, el Banco ya me había mandado la ejecución hipotecaria”. Eduardo puso una demanda a la entidad financiera por abrir esta ejecución mientras se estaban realizando pagos, algo que no contempla la ley.
Sin embargo, la primera notificación oficial de desalojo inminente llegó el pasado 12 de junio. El apoyo de la PAH y los vecinos, a los que había acudido meses atrás, paralizó por unos meses su desalojo. Luego de dos meses, se envió otra orden. Pero de nuevo gracias a la ayuda, el Banco consideró establecer un alquiler social, en atención de la situación familiar.
Ellos tuvieron suerte, pero los datos son preocupantes. Organizaciones sociales estiman que hay cerca de 30.000 personas sin hogar. La tasa de desempleo es la más alta de la zona euro.
España es hoy el tercer país de la Unión Europea, por detrás de Letonia y Rumanía, con mayor tasa de pobreza. Incluso el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, mostró su preocupación por la pobreza infantil y reclamó políticas concretas para aliviar la situación.
Con un clima de tensión en las calles, importantes elecciones regionales en el País Vasco y Galicia, y un hipotético rescate europeo de fondo, se prevé un otoño movido para el gobierno de Mariano Rajoy.
