EscucharGuatemala. AFP. El proceso de elección del Fiscal General en Guatemala sigue sumando el rechazo creciente de diferentes sectores que lo califican de burla al Estado de Derecho y de “pacto de impunidad”.
El plazo para la designación del Fiscal General para los próximos cuatro años, a cargo del presidente Álvaro Colom, concluyó ayer, tres días antes de la fecha oficial para asumir el cargo, el 18 de mayo.
Sin embargo, crecen las críticas al trabajo de la Comisión de Postulación, encargada de presentarle al Presidente una lista con seis finalistas de 29 aspirantes a ocupar el cargo, crucial en un país donde 98% de los delitos quedan impunes.
“A diferencia de los procesos anteriores, el problema no es la lista, no son los candidatos. El problema son los postuladores” de la Comisión de Postulación, encargada de la selección de los finalistas, afirmó al diario Siglo XXI Carlos Castresana, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por Naciones Unidas.
“Es una burla, pero no a nosotros, ni siquiera a los candidatos, es al Estado de Derecho, porque esos señores no representan a nadie, ni tienen extracción democrática”, denunció Castresana.
Después de que la justicia admitió un recurso de amparo de una diputada, la Corte Constitucional obligó a la Comisión de Postulación a rehacer el proceso de selección de los candidatos.
El miércoles, los 12 integrantes de la Comisión volvieron a elegir (en 15 minutos) a los mismos seis finalistas anunciados previamente, lo que ha irritado a juristas y defensores de los derechos humanos.
“Que hubo acuerdo, eso es evidente, porque no puede ser que 12 postuladores se pongan de acuerdo sobre 29 candidatos en 15 minutos, no salen las cuentas”, subrayó el director de Cicig, que hace tres años trata de fortalecer el débil sistema judicial guatemalteco y sentar en el banquillo a los protagonistas de la corrupción y del crimen organizado en el país.
Asimismo, unas 20 organizaciones sociales de Guatemala, incluida la Fundación Rigoberta Menchú, calificaron el proceso de elección del Fiscal General como “pacto de la impunidad”, cuya meta es revertir procesos institucionales iniciados para erradicar ese flagelo que hace inoperante la justicia.
