EscucharBuenos Aires. AP. El juicio oral contra el vicepresidente argentino, Amado Boudou, por sobornos y negociaciones incompatibles con la función pública, podría postergarse hasta después de las elecciones –en octubre– para suceder a la presidenta Cristina Fernández, dijo ayer el fiscal del caso.
El Gobierno, en tanto, insistió en que el proceso contra el vicepresidente es un complot de jueces y fiscales para desestabilizar a la mandataria.
El jueves, una sala de la Cámara Federal ratificó los cargos contra Boudou como partícipe de una maniobra para adueñarse de la única empresa dedicada a la impresión de billetes y dejó el camino despejado para que sea sometido a juicio.
“Estamos ante un plazo incierto para la fecha del juicio oral”, dijo a periodistas el fiscal federal Jorge Di Lello, a cargo del caso contra el vicepresidente. “Yo calculo que va a ir a juicio después de las elecciones” presidenciales del 23 de octubre, añadió.
La defensa de Boudou y de los otros acusados en el caso podría presentar un último recurso de apelación ante la Cámara de Casación Penal, la que podría ratificar lo actuado o invalidarlo.
“Lo mejor es llegar a una decisión definitiva, tanto para el vicepresidente como para la sociedad. Para probar si es inocente o para cumplir una condena”, reflexionó Di Lello.
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Amado Boudou fue procesado por la compra del 70% de Ciccone Calcográfica, luego contratada por el Estado para imprimir billetes. | ARCHIVO (Natacha Pisarenko)
De ser hallado culpable Boudou, el primer vicepresidente en la historia del país en ser procesado durante el ejercicio de la función pública, podría recibir una condena de entre uno y seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, denunció “una arremetida mediática judicial”.
“La manipulación sistemática y permanente sale a la luz todos los días. Forma parte de esa embestida mediática y judicial a miembros del Poder Ejecutivo en las distintas etapas procesales”, sostuvo.
Boudou fue procesado en julio por la adquisición a través de terceros de 70% de Ciccone Calcográfica, que luego fue contratada por el Estado para la impresión de papel moneda.
De acuerdo con la investigación, los propietarios de Ciccone buscaron la ayuda de Boudou tras decretarse la quiebra de la empresa a mediados del 2010. En ese entonces ministro de Economía del primer gobierno de Fernández, Boudou tomó el control accionario de la empresa mediante testaferros, una maniobra que para la justicia se encuadra en el delito de cohecho (sobornos).
Boudou también habría incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública cuando ya teniendo el control accionario de la empresa intervino para que el ente recaudador de impuestos le facilitara a Ciccone un plan de pagos muy conveniente para sanear su deuda fiscal.
Según la Justicia, Boudou además gestionó para Ciccone la impresión de boletas electorales del gobernante Frente para la Victoria para las elecciones generales del 2011, en las compartió la fórmula con Fernández.
