Caracas
El partido opositor Voluntad Popular —cuyo líder está detenido desde hace siete meses en una cárcel militar venezolana— comenzó el sábado a recolectar 2,9 millones de firmas, con las que aspira convocar una Asamblea Nacional que redacte una nueva Constitución a fin de reordenar los poderes del Estado, eliminar la reelección presidencial y tener elecciones presidenciales y legislativas adelantadas.
Con el lema "Cambio urgente, ¡poder constituyente! ”, los centros de recepción de firmas comenzaron sus actividades en la capital y los 23 estados del país, dijo a The Associated Press Freddy Guevara, coordinador político nacional adjunto de Voluntad Popular.
“Venezuela necesita un cambio urgente en lo político, lo económico, en lo social. No basta con sustituir a un hombre en la presidencia. Hay que cambiar un sistema excluyente que controla las leyes y las instituciones del país” , agregó Guevara.
La Carta Magna, impulsada en 1999 por el fallecido mandatario Hugo Chávez, establece que la iniciativa de convocatoria a la Constituyente “podrán tomarla el presidente en consejo de ministros, la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes o el 15% de los electores inscritos” en el padrón electoral, de unos 19,1 millones de electores.
Esta iniciativa no cuenta con el apoyo pleno de la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD) —una coalición de grupos opositores compuesta por una veintena de partidos de izquierda, conservadores, moderados y tradicionales_, lo que generó fuertes fricciones.
“La Constituyente es una propuesta de Voluntad Popular (VP) y, aunque no es política de la MUD en este momento, nosotros la vamos a seguir impulsando porque es nuestro legítimo derecho” , comentó el coordinador nacional de ese partido, Luis Florido. “Para que no haya más presos políticos, yo firmo por Venezuela” , indicó al momento de firmar.
Las diferencias dentro del bloque opositor comenzaron a hacerse evidentes a inicios de año, cuando el líder de VP, Leopoldo López, y otros dirigentes comenzaron a buscar en las calles cambios políticos, centrados en “la salida” del presidente Nicolás Maduro, electo en abril del 2013 para un mandato de seis años, lo que desencadenó una serie de protestas callejeras.
Las protestas dejaron 43 muertos, unos 800 heridos y miles de detenidos temporales, de los cuales aún permanecen arrestadas unas 49 personas, según registros de la Fiscalía General.
La Fiscalía acusó en abril a López, de 43 años, por los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir.
El dirigente está acusado de promover los hechos violentos en el centro de Caracas que ocurrieron luego de que la oposición realizó una manifestación multitudinaria contra el gobierno el 12 de febrero.
"Yo firmo por Venezuela, mi firma es para que liberen a todos los presos políticos. Firma tú también” , aseguró en la jornada Lilian Tintori, esposa de López.
Vista con reservas. Algunos líderes opositores han advertido que de prosperar la convocatoria de la Constituyente, esta podría hundir a Venezuela en un tumultuoso debate político que desvíe la atención de los problemas cotidianos que agobian a los venezolanos, como una inflación galopante y problemas severos de escasez de bienes esenciales, como alimentos y medicinas.
Otros creen que difícilmente se logren las rúbricas requeridas debido a que no pocos venezolanos temen que se repitan situaciones como la de 2004, cuando a raíz de una recolección de firmas a favor de un referendo revocatorio del mandato de Chávez se creó un listado de electores que fue utilizado para persecuciones políticas.
Cientos de personas denunciaron que tras aparecer en esa lista los despidieron de sus cargos en empresas públicas y les impidieron tener contratos con el Estado.
En abril del 2005 Chávez admitió la existencia de la referida lista.
Las firmas, que aspiran consignar a más tardar en noviembre, deben ser validadas por el organismo electoral CNE, en el que cuatro de los cinco directivos son considerados cercanos al oficialismo. Los críticos han acusado al organismo de fijar fechas que se adapten a los objetivos políticos del Poder Ejecutivo.
“Ni loco voy a firmar, después viene el CNE, no valida las firmas y queda uno 'entrampao' en una lista negra” , dijo Antonio García, un comerciante de 53 años.